Sancionado con seis meses sin trabajo ni sueldo el exdirector y la exadministradora del instituto del Ebro

Los sindicatos han mostrado su satisfacción ante el hecho de que la Generalitat haya acabado reconociendo los hechos que denunciaron en el mes de marzo del año pasado sobre alumnos que trabajaban para el mismo centro sin contrato ni de convenio de prácticas, sin estar dados de alta en la Seguridad Social y, “por tanto, sin protección en caso de accidente laboral”. Añaden que los estudiantes desconocían la empresa para la que deberían haber estado trabajando durante meses y “ni siquiera tenían un tutor de empresa asignado”.

Las irregularidades, según recuerdan, ya fueron probadas por la Inspección de Trabajo que declaró los convenios de prácticas no válidos y multó al Instituto con más de 50.000 euros, “una sanción que previsiblemente se verá incrementada, ya que se han detectado dieciocho alumnos que desde 2021 realizaron prácticas de manera irregular en el centro”. Los casos anteriores a 2021 habrían prescrito. Inicialmente eran cuatro.

Han revelado también que el 30 de abril pasado, nuevamente Inspección de Trabajo se personó en el Instituto del Ebro para buscar posibles irregularidades en los últimos casos detectados. Citando también fuentes consultadas, avanzan que la Intervención General ha resuelto una auditoría de las cuentas del instituto “detectando irregularidades en la gestión de contratos menores relacionadas en el fraccionamiento de contratos”. “Educación no descarta hacer reclamaciones patrimoniales a los responsables”, han añadido.

Incluso, aseguran tener constancia de la apertura de un nuevo expediente al director dimitido, Armand Pons. Un expediente que se encontraría en fase de instrucción por la decisión del director de “cortar toda vía de comunicación del centro con los denunciantes durante meses”.

Tanto la CGT como la Intersindical han querido poner en valor la “presión sindical ejercida” y la “persistencia” del estudiante en la resolución del caso. Alertan, sin embargo, de que seguirán vigilando para evitar nuevos casos y recuerdan que la mercantilización de los estudios de FP aumenta el riesgo de irregularidades con las prácticas. También avanzan que, con la vía administrativa finalizada, los denunciantes “están valorando la posibilidad de elevar la denuncia a la vía penal como un presunto delito de fraude a la administración, falsificación documental, malversación de fondos y prevaricación”.