La Audiencia de Tarragona comenzará a juzgar este jueves a 20 personas de una supuesta organización que explotaba y obligaba a prostituirse a 26 mujeres extranjeras. Las víctimas trabajaban y vivían en condiciones “extremadamente duras” en los ocho prostíbulos del grupo, situados en Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú y Sabadell. Los hechos se remontan entre los años 2008 y 2010. Fiscalía les acusa de 41 delitos de prostitución, de uno de asociación ilícita, de otro contra los derechos de los trabajadores, de un delito continuado de blanqueo de capitales y de dos más de falsificación de documento oficial. Para los máximos responsables les pide 15 años de prisión mientras que para el resto de integrantes las peticiones son de 13, 11, 9 y 6 años.
Los 20 acusados formaban parte de una organización estructurada en forma piramidal y “fuertemente jerarquizada”, según señala el ministerio público en el escrito de acusación al que ha tenido acceso la ACN. El objetivo del grupo era enriquecerse mediante la explotación de mujeres extranjeras, mayores de edad, que obligaban a ejercer la prostitución. La actividad se llevaba a cabo en ocho prostíbulos, tres de ellos en Tarragona, dos en Barcelona, uno en Tortosa y los otros dos en Sabadell y Vilanova i la Geltrú. Además, miembros de la trama trasladaban a las víctimas a los diversos prostíbulos que regentaban para dar la “sensación de novedad”.
Según el fiscal, las mujeres debían estar las 24 horas del día disponibles, los siete días de la semana. También explica que las multaban si no cumplían con el “régimen interno del club”. A modo de ejemplo, las sancionaban si se negaban a mantener relaciones sexuales con los clientes, si no estaban siempre disponibles o si no cumplían con los 21 días estipulados por el reembolso de la fianza que debían abonar para poder trabajar en sus locales. “No podían salir del piso durante estos primeros 21 días, y disponían solo de una hora diaria para salir a la calle; en el caso de tener una emergencia no se les permitía salir, tampoco después de las siete de la tarde”, indica el escrito.
Además, las chicas tenían que entregar “inmediatamente” el dinero que ganaban a las llamadas “mamis” o encargadas de cada prostíbulo, las cuales al final de la jornada les daban el porcentaje que les correspondía por los servicios sexuales realizados. Las encargadas anotaban en libretas tanto los servicios como las ganancias, un sistema que se utilizaba en todos los prostíbulos. Según el fiscal, las condiciones laborales se fijaban cuando las víctimas aceptaban la “plaza”, las cuales se encontraban en una situación de “necesidad” y “precaria” porque no disponían de permiso de residencia en España.
“Condiciones extremadamente duras”
Según el escrito acusatorio, las condiciones impuestas por la organización eran “extremadamente duras”, sin horarios y por el hecho de que las mujeres debían comprarse la comida. Asimismo, si se negaban a mantener relaciones sexuales con los clientes porque tenían la menstruación, las multaban y les descontaban el dinero obtenido para prostituirse hasta ese momento.
“No disponían de horarios para comer, si los servicios se lo impedía no comían; en el caso de que el servicio fuera en una hora nocturna avanzada, las despertaban con gritos e insultos como ‘vinga putas a trabajar’ o ‘hijas de putas, fastidiosas, aquí no se viene a ocupar camas”, relata el fiscal.
El ministerio público en su escrito también manifiesta que las mujeres estaban “atemoridas”, ya que habían sentido que los miembros de la organización se habían “cargado unas cuantas personas”. Por lo cual, las víctimas aceptaban las condiciones impuestas ante el temor de posibles represalias y de ser multadas por cualquier tipo de incumplimiento del régimen laboral.
Sociedades pantalla
Las víctimas ejercieron la prostitución al menos desde el año 2008 hasta marzo de 2010, según Fiscalía. El máximo responsable de la organización constituyó la sociedad Dance and Music of the World S.L., en octubre de 2006, y la sociedad Camagran Proyectos e Inversiones S.L., en febrero de 2003, con el fin de dar una “apariencia de legalidad” a la actividad. En el escrito, el ministerio público subraya que para esconder los beneficios de la actividad ilícita, disponía de una infraestructura formada por un bar en Tarragona, varios locutorios y tres organizaciones no gubernamentales -las ONG Andando sin fronteras, Tantra Integral y Aura Tántrica-. Se trataban de unas “sociedades pantallas” con las que “ocultaba” su actividad “real”.
El jefe del grupo no tenía ninguna propiedad ni vehículos a su nombre. Con todo, el ministerio fiscal indica que el hombre intervenía a través de las sociedades. También compró en nombre de su mujer tres fincas, una de ellas unifamiliar, en la provincia de La Coruña, entre junio de 2007 y septiembre de 2008. La adquisición, que tuvo un coste de 100.000 euros, según el fiscal, se efectuó sin hipoteca.
A su vez, en la cuenta bancaria de la sociedad Dance and Music of the World S.L., de la que el máximo responsable de la banda es el titular, hasta 47 personas ingresaron dinero entre el 7 y 10 de marzo de 2008. “En concreto, se hicieron 43 imposiciones en ventanilla en varias sucursales y cuatro transferencias, la mayoría de ellas de entre 3.000 y 4.000 euros, que sumaron 116.930 euros”, cita el fiscal. Asimismo, explica, que en varias cuentas también se hicieron ingresos que superaron los 700.000 euros desde el año 2000, entre los cuales figura un movimiento que se eleva a 500.000 euros, sin que haya un ordenante.
En cuanto a la cuenta bancaria de la otra sociedad, Camagran Proyectos e Inversiones S.L., también se hicieron pagos a una gestoría y a su propietario por importes que no superaban los 30.000 euros, entre 2007 y 2010. Al mismo tiempo, el máximo responsable de la organización envió más de 10.000 euros a Lituania a través de Correos. La beneficiaria es una de las acusadas en la causa.
En paralelo, a través de la empresa Sarhad Telecom, se explotaban los locutorios, los cuales servían para enviar dinero al extranjero y blanquear el dinero ganado de manera ilícita. El administrador de esta compañía es otro de los procesados, que hacía de testaferro a la cabeza de la trama. En concreto, entre enero de 2008 hasta el 16 de febrero de 2010 se efectuaron 32.095 operaciones de envío o recepción de dinero por un importe de 9.508.447,35 euros. De ellos, 7,3 millones fueron envíos y los 2,2 restantes de pagos, recoge el escrito de acusación.
Peticiones de prisión de entre 6 y 15 años
El ministerio público reclama quince años de prisión para el jefe de la organización por los delitos de asociación ilícita, determinación a la prostitución, delito continuado de blanqueo de capitales y por el de falsificación de documento oficial. Por este último delito también le pide una multa de 28.825.342,05 de euros o nueve meses de prisión en caso de impago. Hace exactamente la misma petición para la segunda acusada, que es su mujer y que ejercía las mismas funciones de jefe. La investigada “controlaba directamente” las actividades de los prostíbulos y las chicas. Los líderes del grupo tenían el sobrenombre de Antonio y Kler.
La tercera acusada hacía funciones de administración y gestión de los prostíbulos y era la responsable de las “mamis”. También se ocupaba de la fiscalización del dinero obtenido y de la distribución de las mujeres por los locales. Al mismo tiempo, era la responsable última de decidir si se multaban a las mujeres y se le acusa de falsificar la carta de identidad de una persona en la oficina de extranjería de Girona. Por lo que, Fiscalía le reclama trece años de prisión por los delitos de asociación ilícita, de determinación a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y por falsificación de documento oficial.
El cuarto procesado era la pareja sentimental de la tercera investigada y una de las personas de máxima confianza de los jefes de la organización. Se encargaba de trasladar a las chicas y de las tareas de control y vigilancia, implementando las normas y la disciplina impuesta por la banda. En su caso, el fiscal le pide once años de prisión y está acusado de tres delitos- de asociación ilícita, determinación a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores.
El ministerio público también pide nueve años de prisión para diez acusadas. Se trata de las mujeres que hacían de encargadas o “mamis” a los diferentes prostíbulos. En concreto, hace esta petición porque las acusa de los delitos de asociación ilícita, determinación a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores.
En cuanto a los cuatro hombres que se dedicaban a realizar tareas de seguridad en los locales y del traslado de las víctimas, les reclama nueve años de prisión- a dos de ellos-, seis años -a otro- y once años. Al procesado con la petición más alta de prisión se debe a que también le imputa el delito de falsificación de documento oficial, aparte de los delitos de asociación ilícita, determinación a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores.
Finalmente, los dos últimos investigados por un delito de determinación a la prostitución y de falsificación de documento oficial, les solicita una pena de prisión de seis años. Ambos, les pide una multa de 28.825.342,05 de euros o bien nueve meses de prisión si no abonan el dinero.
Paralelamente, el ministerio público pide para todos ellos la prohibición de acercarse a menos de mil metros de las víctimas y de comunicarse con ellos durante un periodo de nueve años. También el decomiso de las ganancias y el cierre de todos los locales de la organización durante cinco años. En cuanto a la responsabilidad civil, les reclama una indemnización conjunta y solidariamente para las víctimas de 5.000 euros por daños morales.
