El Ayuntamiento de Tortosa ha denunciado recientemente “irregularidades” en la adjudicación de las obras de renovación de la cubierta y limpieza de la sala polivalente del centro cultural de la antigua fábrica SAMO. Según el consistorio, estas irregularidades podrían vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público, motivo por el que se plantea la posibilidad de emprender acciones legales contra la exalcaldesa, Meritxell Roigé.
El equipo de gobierno actual reprocha a Roigé que, antes de adjudicar las obras, abrió el centro cultural para una jornada de puertas abiertas el 30 de marzo de 2023, un día antes de la formalización de la adjudicación de los trabajos, que se realizó el 31 de marzo de 2023. Este hecho, según el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, podría haber sido una actuación arbitraria que vulneraría la ley y podría constituir un delito de prevaricación.
Jordan, acompañado de la teniente de alcaldía Mar Lleixà, explicó que la junta de gobierno local aprobó la adjudicación de los trabajos a la empresa Estructuras Metálicas Sucesor J. Povill por un importe de 203.246,83 euros, y el contrato se formalizó seis días más tarde, el 6 de abril de 2023. En este contexto, el equipo de gobierno considera que la celebración de la jornada de puertas abiertas, sin que las obras hubieran sido adjudicadas legalmente, podría implicar una vulneración grave de la normativa vigente.
Los responsables municipales también han recordado que la licitación para la renovación del edificio quedó desierta en dos ocasiones, en junio de 2022 y enero de 2023, antes de que, en febrero de 2023, se decidiera realizar un procedimiento negociado sin publicidad, en el que se invitó a tres empresas para la realización de las obras.
Actualmente, el Ayuntamiento ha solicitado a los servicios jurídicos municipales que valoren las posibles medidas legales ante lo que consideran un “hecho muy grave” que podría implicar “un posible delito de prevaricación”. De acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, la prevaricación podría producirse por resoluciones arbitrarias realizadas por autoridades o funcionarios con conocimiento de la ilegalidad de su acción administrativa.
Este caso, que ha generado gran expectación en la ciudad, continuará siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades judiciales y los servicios jurídicos municipales.
