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CGT e Intersindical han reclamado que los servicios territoriales de Educación y la inspección educativa “asuman responsabilidades” por las irregularidades detectadas en el instituto del Ebro sobre los contratos de prácticas de los alumnos de Formación Profesional. Educación ya sancionó al exdirector y a la exadministradora con seis meses sin sueldo ni trabajo pero los sindicatos han asegurado que había “connivencia” de estamentos superiores. Los representantes de los trabajadores se han concentrado este lunes frente a la sede de los servicios territoriales y han congregado a una treintena de personas. También han pedido se detenga la implementación de la FP Dual porque consideran que está “hecho a medida de la patronal” y no tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes.
El denunciante del caso y profesor del instituto del Ebro, Sergi Tur, ha explicado que las irregularidades no son “un caso aislado” sino que en el centro se trataba de una “situación cronificada”. “Son unos hechos conocidos dentro de la comunidad educativa de Tortosa, que se han tolerado durante demasiado tiempo por parte de los que tenían que velar por el buen funcionamiento del sistema”, ha manifestado. Así, ha afirmado que los responsables habrían cometido presuntos delitos de “fraude a la administración, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos oficiales y “todo hecho como funcionarios públicos”.
Al mismo tiempo, ha remarcado que el informe de inspección de trabajo afirma que “el único objetivo era enmascarar una relación laboral fraudulenta” entre alumnos y empresas. Respecto a este informe ha indicado que todavía no estaría cerrado porque no todos los alumnos perjudicados habrían recibido la resolución. Además ha añadido que se están investigando las presuntas represalias sufridas por las personas que denunciaron el caso. “Esperamos que se siga investigado”, ha defendido.
Sin embargo, ha lamentado que “ninguno de los otros miembros del equipo directivo y del centro” han sido investigados de momento por ningún estamento, si bien en su opinión eran conocedores y colaboradores de todo lo que pasaba. “Algunos participaron activamente firmando documentos de convenios falsos”, ha señalado. A su vez ha expuesto que tienen “indicios de que el inspector era conocedor de los hechos”. “Si lo sabía, es complicidad”, ha apostillado. Y ha subrayado: “el sistema ha fallado de arriba abajo y en lugar de asumir responsabilidades se buscan culpables limitados para proteger las estructuras de corrupción administrativa”. Por todo ello, ha solicitado “una investigación más real y completa de todos los responsables”, además de una auditoría externa. Por ahora, tal y como ha dicho, sólo se habría hecho una interna de la que no saben si ha finalizado ni tienen los resultados.
Finalmente, Tur ha asegurado que el exdirector sancionado ahora es el secretario del instituto, si bien “está de baja desde hace meses”, y que la exadministradora también trabaja la centro. “Cuando la resolución sea firme supongo que se hará efectiva la sanción”, ha pronosticado. Con todo, ha revelado que el hombre reclamó volver a asumir la dirección “pero le pidieron desde los servicios territoriales”. Finalmente, ha reivindicado que las multas que se impongan las paguen los infractores y que no se asuman desde la administración. Tal y como ha apuntado, de momento las dictadas por inspección de trabajo ascienden a 50.000 euros y aún quedan expedientes por resolver.
