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Marcelo Juncosa sube a oscuras las escaleras del edificio de la calle de la Rosa número 38 de Santa Bárbara (Montsià). Rellanos llenos de desperdicios, cerraduras de puerta cambiadas y agujeros con cables en las paredes. En la segunda planta tiene su piso. Lo compró en 2008 y durante más de trece años fue el único habitante del edificio. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la Sareb se hizo cargo de los quince pisos restantes.
Cuando ya se comercializaban de nuevo, a principios de 2023, comenzaron los empleos. Juncosa tuvo que marcharse cuando cortaron definitivamente la luz. Ahora lucha por volver. La Sareb asegura que trabaja para normalizar la situación con alquileres sociales para cuatro familias vulnerables y tramitando desahucios.
“Aquí tengo toda mi vida”, lamenta a la ACN desde su dúplex. Juncosa lo visita a menudo para comprobar que todo sigue en perfecto estado. El interior se encuentra prácticamente en el mismo estado que lo dejó cuando tuvo que marcharse en mayo de 2023. Decidió, sin embargo, instalar una alarma conectada a un sistema autónomo de baterías para evitar sustos: ya ha sufrido varios intentos y robos desde entonces.
A diferencia de otros casos, él no ha sufrido directamente la ocupación directa de su vivienda. Por el contrario, ha sido víctima del proceso de degradación de todo el bloque en el que es el único inquilino que vivía allí de forma legal y como propietario. Hasta el punto de verse forzado a abandonar su casa, principalmente, por no poder disponer de los servicios esenciales: ni luz ni agua corriente.
El despiste de Juncosa comenzó justamente hace dos años. A finales de 2022, Sareb ya había terminado las obras para poner a punto los pisos e intentarlos vender. Incluso, explica, algunas parejas mostraron interés y habían adelantado dinero para cerrar su adquisición. Pero todo se trórcer cuando a eso de febrero de 2023 llegaron los primeros ocupas. Primero algunos, de forma puntual. A las pocas semanas, asegura, el bloque ya se encontraba lleno.
El intento de vender los pisos
Aparecieron las conexiones ilegales a los suministros eléctricos y de agua potable. También, asegura, los casos de robos y la degradación de los espacios comunes. Aparte de sus denuncias, Sareb llevó también el caso a los juzgados, donde continúa tramitándose. El escenario ya no era favorable para dar salida comercial a las viviendas. “Había demanda. Pero se detuvo porque empezó movimiento de gente de forma ilegal”, apunta el propietario. Aparte de él y la Sareb, el otro propietario afectado por el caso es el obispado de Tortosa, que había adquirido un local en los bajos del inmueble para la parroquia local.
Con el paso de los meses, la situación se ha ido haciendo más compleja. Juncosa relata que del edificio no han parado de entrar y salir personas. Incluso, asegura, se habría establecido un negocio de relámpagos ilegal que se aprovecharía de la situación de vulnerabilidad de muchas personas y familias que lo habitan. “Me consta, por haber hablado con gente, que alguien cobra por entrar. Pero nadie delata y nadie dice nada. A mí me han dicho algunos que tenían que pagar más de 1.000 euros por entrar. No es espontáneo que gente se coloque aquí: alguien ha alquilado ilegalmente pisos ocupados, que no son suyos”, reprocha.
Conocedor de esta situación, el alcalde de Santa Bárbara, Antonio Ctras, lamenta la situación en la que se encuentra el bloque y este vecino en concreto. El consistorio informó a Sareb cuando se produjeron los primeros casos de ocupación. También instó a los Mossos d’Esquadra a efectuar identificaciones de los inquilinos. El alcalde, sin embargo, coincide con el propietario de que el bloque habría acabado convirtiéndose en el objeto de un negocio de relámpago ilegal.
Alquileres ilegales a nivel internacional
“Hay diferentes perfiles: gente del pueblo, algunos que vienen del resto de Cataluña y muchos extranjeros que han llegado de forma extraña. Esto nos hace pensar que podría haber un comercio de viviendas internacional. Han llegado al pueblo personas con el sello del aeropuerto —en el pasaporte— un día y al siguiente están en el pueblo. Y dices: ‘¿Cómo habéis llegado? Nos han traído aquí’ Eso quiere decir que alguien, supuestamente, hace negocio”, corrobora.
Para intentar hacerle frente, el gobierno municipal, de acuerdo con Juncosa y el obispado de Tortosa, cortó el agua el suministro de agua corriente del inmueble. “Pero al día siguiente ya lo habían pirateado”, recuerda Do. Ante las reiteradas conexiones ilegales, en mayo de 2023 la compañía eléctrica Endesa, con el argumento de que la situación podía generar riesgos y peligros, optó por soterrar la línea eléctrica dejando el bloque sin suministro. Desde entonces, los balcones y ventanas exteriores se han llenado de paneles solares fotovoltaicos portátiles. En los patios interiores se pueden ver y escuchar grupos electrógenos en marcha.
Juncosa apunta que muchos de sus vecinos son problemáticos y no descarta que se dediquen a actividades ilegales. “No es la típica persona vulnerable que no puede pagar hipoteca o alquiler y se debe quedar”, indica. El alcalde matiza que los cuerpos de seguridad no han detectado conflictos importantes de convivencia en el bloque que hayan requerido intervenciones policiales específicas más allá de las identificaciones. Citó en una ocasión a los vecinos para instarles a respetar las normas básicas de limpieza y convivencia. Asegura que durante los últimos meses, además, se han establecido en el inmueble varias familias con hijos en situación de vulnerabilidad.
Todos los caminos para dar una solución al problema pasan por Sareb, la sociedad propietaria de los quince pisos y conocida popularmente como el banco malo —en realidad, una sociedad controlada por el Estado que acabó asumiendo los activos inmobiliarios tóxicos en manos de las entidades financieras tras una aportación multimillonaria de recursos públicos.
Acompañamiento para ‘superar la exclusión’
Fuentes de la entidad consultadas por la ACN han confirmado la existencia de una denuncia en los juzgados por el caso de ocupación del bloque de la calle Rosa. A pesar de ello, aseguran que su objetivo principal, como entidad estatal, es poder reconducir la situación ofreciendo a personas o familias en situación vulnerable y, en este sentido, aseguran haber cerrado ya la firma de alquileres sociales con las ocupantes de cuatro pisos.
La idea, según apuntan las mismas fuentes, es que Sareb haga el acompañamiento de los inquilinos para que, por un lado, velen por la convivencia pacífica en el inmueble y, por otro, facilitando su inserción sociolaboral para ayudarles a “superar la exclusión”, evitando que se generen problemas de convivencia.
Al mismo tiempo, indican, continúa el proceso para desalojar ocho viviendas que ocuparían personas que no quieren colaborar en este proceso o se enfrentan directamente a esta opción. “Es un sistema garantista con las personas vulnerables. Los jueces ya saben que hemos hecho un trabajo previo”, indican las mismas fuentes, convencidas de que se trata de una vía que permite agilizar la resolución de estos casos y la recuperación del edificio.
Juncosa no descarta que la opción del alquiler social que Sareb propone para algunos de los casos pueda servir para solucionar parcialmente el problema, legalizando la situación de algunas familias. Pero lamenta, casi dos años después de tener que marcharse, que el proceso avance de forma muy lenta.
Gran inversión pendiente
“Demasiada esperanza no la tengo. Por lo que sientes decir pasan más años hasta que no se resuelve. El edificio está en un estado lamentable: ¿quién se hará cargo? ¿Los propietarios? Aquí hay dinero —a gastar. Antes de que se pongan a la venta se debe hacer una inversión brutal: hay puertas, instalaciones rotas. Irá a cargo Sareb y lugares comunes entre todos los propietarios. Y después de lo que ha pasado no será fácil que se pueda volver a vender. Después de eso quedará estigmatizado y costará un poco a ser edificio normal”, reflexiona.
La solución coincide en que la solución es difícil. “Si no se hace un vaciado, se rehabilitan las viviendas y se vuelven a poner en el mercado de golpe es imposible. Si liberas un piso o dos nadie lo comprará, sabiendo la situación; y en el campo de la semana entrarán ocupas. Las puertas antivandálicas no han servido de nada porque las destrozan”, reflexiona.
De momento, Juncosa, lleva ya camino de los dos años viviendo en el piso de alquiler de su madre, que ya tiene 90 años. Había comprado el suyo, precisamente, para poder trasladarse con ella y aprovechar que disponía de ascensor. “Tengo un piso que podría usar y me encuentro con una persona que no podrá salir de casa teniendo yo una vivienda adaptada por una persona así. Es uno de los problemas que ahora me encuentro y es bastante grave”, cierra.
