El Pleno de Solsona aprobó ayer por unanimidad una modificación de la ordenanza municipal que regula los emplazamientos de las explotaciones agrarias y ganaderas, una revisión que evita que, a partir del 2027, una docena de granjas del municipio, mayoritariamente de vacuno y porcino, se hubieran visto obligadas a clausurar la actividad o trasladarse en cumplimiento del texto vigente desde 1997.
Régimen diferenciado para las explotaciones ya existentes
La norma aprobada hace casi tres décadas establecía que las explotaciones debían situarse a una distancia mínima de entre 200 y 500 metros —según el sector— del límite del suelo urbano o urbanizable, y que también debían respetar una separación de al menos 100 metros respecto de las viviendas aisladas habitadas permanentemente. Aquel texto, además, fijaba un plazo para clausurar o trasladar las instalaciones que no se ajustaran a los criterios urbanísticos.
Con la modificación aprobada, estas distancias solo se aplicarán a las nuevas explotaciones que quieran implantarse en el término municipal, de modo que las instalaciones que ya existían hace 30 años pasan a tener un tratamiento diferenciado.
Defensa de la continuidad de la actividad ganadera
La alcaldesa, Judit Gisbert, defendió en el pleno la importancia de preservar las explotaciones existentes para sus titulares y sus familias, “en muchos casos como actividad económica principal o como elemento esencial de su medio de vida”. También remarcó que estas actividades “contribuyen al mantenimiento de la actividad económica local y de la población vinculada al territorio y a la gestión de los espacios agrícolas y forestales y, en definitiva, de la preservación del mundo rural”.
La alcaldesa, que se ha reunido con las 18 granjas inicialmente afectadas —seis de las cuales han pasado o pasarán a ser de autoconsumo y quedan, por tanto, fuera de esta regulación—, subrayó que la nueva ordenanza mantiene el equilibrio entre la continuidad de la actividad ganadera y la protección de los intereses generales.
Apoyo de la oposición con matices
Las dos formaciones de la oposición apoyaron el texto, si bien con reservas. En nombre de Treballem per Solsona y de Junts, Marc Barbens calificó la cuestión de “tema complejo con diversas aristas, difícil de solucionar jurídicamente” y reprochó que la ordenanza no se hubiera abierto a la participación de los grupos de la oposición “para consensuarla bastante más”.
Barbens también advirtió de que hay aspectos que “quedan en el aire” por la falta de “profundidad técnica”, motivo por el cual sus grupos dejan abierta la posibilidad de presentar alegaciones una vez se analice el texto con detalle. A pesar de ello, Treballem y Junts coinciden en la necesidad de preservar la actividad de los ganaderos, que definieron como “guardianes de nuestro paisaje y nuestra alimentación y garantes de la lucha contra los incendios y, de alguna manera, de la idiosincrasia local”.
Por su parte, la portavoz de ApS-CUP, Pilar Viladrich, también justificó el voto favorable porque el texto “permite la continuidad de actividades económicas implicadas en la gestión del territorio de nuestro municipio y también es una apuesta por la soberanía alimentaria”.
Exposición pública y otros acuerdos del pleno
La nueva ordenanza se expondrá públicamente durante 30 días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, período en el que se podrán presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva.
En la misma sesión, el Pleno aprobó también por unanimidad las modificaciones propuestas en tres tasas y dos precios públicos para el 2027, que la alcaldesa describió como “matices” de ordenanzas fiscales ya existentes.
Igualmente, se validó la cuarta modificación de crédito del año, una operación que debe permitir contratar este mismo ejercicio las obras de urbanización de los tramos pendientes de las calles de Sant Roc y Dominics, en el casco antiguo. Según explicó Gisbert, las partidas se han podido incorporar gracias a las negociaciones de ERC en los presupuestos de la Generalitat, con una subvención de 170.406 euros para la primera calle y de 145.524 euros para la segunda, además de 42.157 euros procedentes de las inversiones de mejora de servicios municipales.
Como la sesión se celebraba dentro del período de tres días de luto oficial decretado por el Estado y por el gobierno de la Generalitat, la corporación inició el pleno con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo.
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