El Pleno municipal de Solsona ha dado luz verde a premiar, a través del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), las viviendas que entren en la bolsa de vivienda del Ayuntamiento con una bonificación del 50 % y a penalizar a aquellos que estén desocupados con carácter permanente y sin justificación con un recargo del 50 %. Aunque se aprobó este punto, ayer por la noche, es el que más rechazo despertó en la oposición, que votó en contra.
Junts y Treballem per Solsona coinciden en calificar esta medida de “competencia desleal directa” para las inmobiliarias y discriminatoria para los particulares que alquilan viviendas por su cuenta, “algunos incluso a precios más bajos que los de la bolsa municipal”, según la portavoz de Junts, Núria Bonet.
Esta formación critica que el ejecutivo no haya consultado a propietarios y agencias inmobiliarias para conocer la situación del mercado de alquiler y asegura que hay oferta de pisos para alquilar en la ciudad. “El problema es que las personas sin recursos no pueden acceder a ellos porque no cumplen los requisitos mínimos”.
Junts considera que “la solución no pasa por la bolsa gestionada por el Ayuntamiento y políticas que frenan la economía, sino por la construcción de pisos sociales”. El primer grupo de la oposición sostiene que el consistorio tiene opciones sobre la mesa para dotarse de estas viviendas, como por ejemplo el Camp del Serra o llegar a acuerdos con propietarios de terrenos dispuestos a hacer permutas. Igualmente, su portavoz tilda de abuso aplicar un recargo a las viviendas vacías teniendo en cuenta que “Solsona es uno de los municipios catalanes con más carga fiscal derivada del IBI” y alegando las pérdidas económicas que han sufrido algunos propietarios después de alquilar sus inmuebles.
La concejala de Vivienda y portavoz de ApS-CUP, Pilar Viladrich, argumenta que la bonificación se aplicará solo a los pisos de la bolsa de vivienda municipal “porque es de alquiler social y no discrimina a los inquilinos por razones de ningún tipo”. “Entendemos la sensibilidad social de los propietarios que acuden a ella y es justo que el Ayuntamiento les corresponda”, remarcó Viladrich en el Pleno. Asimismo, la responsable de Vivienda confía en que el recargo sobre el IBI hará replantear la decisión de algunos titulares de pisos para movilizarlos a través de la bolsa municipal.
“Hay muchos proyectos de capital privado”
También Treballem per Solsona se opone frontalmente a esta medida fiscal, que califica de “muy poco técnica y muy política”, alejada de “la centralidad mayoritaria de Solsona”. Para su portavoz, Marc Barbens, esta modificación “plantea una lucha entre el derecho a la vivienda y el de la propiedad privada, que en Solsona no están reñidos”. Este grupo también defiende que el mercado debe reactivarse impulsando la construcción de nuevas promociones y vivienda social y colaborando con el sector privado. “Hay muchos proyectos de capital privado que trabajan en este sentido”. Barbens apuesta por medidas “mucho más escalonadas”, como por ejemplo establecer topes a los grandes tenedores y fijar una moratoria para dialogarlo.
Pilar Viladrich insistió en la voluntad de hacer política social y recordó en el plenario que la bonificación y la recarga en el IBI son medidas que se implementan desde hace años en otros municipios catalanes. Por otro lado, en cuanto a opciones alternativas para resolver la falta de vivienda en Solsona, la concejala del área explicó que ha habido contactos infructuosos con propietarios de promociones inacabadas para destinarlas a obra pública a través del Instituto Catalán del Suelo. “Pero no cejaremos”, subrayó insistiendo en que esta es una de las prioridades del gobierno. “Llamaremos a todas las puertas que sean necesarias sin escatimar esfuerzos ni recursos”.
Precio más reducido para bodas de despacho
Entre las otras diez ordenanzas fiscales actualizadas para 2024, que la alcaldesa y responsable de Hacienda, Judit Gisbert, desgranó una por una, hay algunas que son aportaciones de Junts y Treballem. Una de las tasas nuevas, a petición del grupo de Marc Barbens, es la de boda civil sin uso de la sala de plenos, a un precio más económico (50 euros), para aquellos que no quieran celebrar una ceremonia. En cuanto a los precios de la Escuela Municipal de Música, de acuerdo con la propuesta de Junts, se unifican los diferentes tipos de descuentos al 20 % para familias monoparentales y numerosas y se podrán beneficiar todos los miembros de la familia, no solo los hijos. Asimismo, se ha creado una tarifa nueva para el tercer instrumento, hasta ahora inexistente.
En el mismo Pleno ayer se aprobó unánimemente una modificación de crédito para atender el incremento retributivo del 0,5 % para el conjunto del personal municipal, de acuerdo con la aprobación del gobierno central para los trabajadores del sector público. Este aumento, que supone un importe total de 10.000 euros, tiene efectos retroactivos desde el primero de enero y se financiará con transferencia de partidas y el fondo de contingencia.
También se dio luz verde a la modificación de los estatutos del Consorcio del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, como miembro de la Junta del ente, a petición del mismo consorcio, por la entrada de la Diputación de Girona y por la actualización de las funciones de la dirección.
