En sus veinte años de vida, la Oficina Local de Vivienda de Solsona –inicialmente, bolsa de vivienda de alquiler–, ha formalizado alrededor de 800 contratos de alquiler. Actualmente, sin embargo, el principal reto de este servicio pasa por poder reducir la lista de espera de personas que buscan vivienda con la incorporación de nuevos pisos.
En estos momentos este servicio, prestado por una gestora administrativa con el apoyo puntual, los dos últimos ejercicios, de planes de empleo del proyecto Trabajo en los barrios, tiene 160 contratos activos de alquiler y dispone de tres viviendas para alquilar. El precio medio del alquiler se sitúa en los 360,40 euros. Durante 2024 se formalizaron un total de 26 contratos.
Durante mucho tiempo, la bolsa de vivienda del Ayuntamiento de Solsona fue la más activa de la demarcación de Lleida. Actualmente, sin embargo, faltan pisos. En este sentido, la concejala de Vivienda, Pilar Viladrich, hace un reconocimiento a todas las personas propietarias que han confiado en este servicio municipal a lo largo de estos veinte años. “Son personas que han entendido que la cuestión de la vivienda es un derecho que nos implica a todos y, generosamente, han puesto su piso a disposición de ciudadanos y familias para que puedan desarrollar su vida en condiciones a un precio justo”.
Viladrich agradece la sensibilidad de estos titulares de viviendas y hace un llamamiento a aquellos que disponen de pisos vacíos. Les anima a informarse en la Oficina Local de Vivienda de las ventajas de confiar en esta opción. La concejala les pide que no crean en “falsos mitos sobre los riesgos asociados al alquiler, ya que los casos en los que se generan daños o hay impagos son anecdóticos y circunstanciales”.
“Cómodo, práctico y seguro”
Rosa Ramellat, una de las propietarias con pisos en la Oficina Local de Vivienda, explica que se dirigió a ella al no disponer de tiempo para hacerse cargo de la gestión de los alquileres. Además, “buscaba seguridad y que no le trajeran problemas, con el Ayuntamiento de intermediario”. “Lo recomiendo por estos motivos: es cómodo, práctico, fácil y seguro”, concluye.
Una de las vías para conseguir viviendas es mediante la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de aquellos pisos vacíos que se incorporan a la bolsa. Cada año el Ayuntamiento concede el 50 por ciento del gasto acreditado hasta un máximo de 6.000 euros. En las dos últimas convocatorias se han movilizado cinco pisos. La concejala Pilar Viladrich admite que “es menos de lo que nos gustaría, pero es más de lo que teníamos”.
La dificultad de encontrar piso en un municipio de mercado residencial tenso es uno de los motivos principales por los cuales las personas acuden a la Oficina Local de Vivienda. Gerard Ribera y su familia son inquilinos a través de este servicio. “Nos habían hablado muy bien, tanto por los pisos como por las facilidades de la bolsa municipal”, explica.
Trato directo y agilidad en los trámites
Ribera remarca varias ventajas, como los “precios muy razonables, que ayudan a la emancipación, y el trato muy directo y personal”. “Siempre están dispuestos a ayudarte y a solucionar cualquier situación con la que te puedas encontrar”, añade. La agilidad en los trámites, la comodidad y el guiado de todos los pasos que hay que seguir es lo que subraya especialmente otra de las inquilinas, Queralt Guerrero.
Este mandato “se ha conseguido uno de los objetivos” de la bolsa, que era la calificación de Oficina Local de Vivienda, tal como destaca Pilar Viladrich. “Es un reconocimiento y, a la vez, nos brinda oportunidades y nos plantea retos”. El primero es el incremento de viviendas para poner a disposición de la ciudadanía con una mejora de la calidad y poder dar respuesta a un público diverso, tanto a gente joven como personas de mediana edad, familias con niños y personas mayores.
Otro reto de este servicio ubicado en la segunda planta de la casa consistorial es la adecuación de los recursos humanos que se dedican a él. La gestión de 160 viviendas, además de los otros servicios de la Oficina, como la tramitación anual de más de 400 expedientes de ayudas al alquiler, para la rehabilitación de viviendas para mayores de 65 años, las funciones de mediación, la tramitación de solicitud del Registro único de solicitantes, entre otros, suponen una carga de trabajo muy elevada para una sola persona. “Si Solsona puede acogerse a la convocatoria de la Ley de barrios de este año facilitará incrementar el personal”, confía la concejala del área.