Una oferta de trabajo publicada por el Ayuntamiento de Santpedor ha abierto debate en las redes sociales durante las últimas horas. La convocatoria busca cubrir una plaza temporal de auxiliar administrativo y establece, entre los requisitos, que las personas candidatas deben formar parte del colectivo trans.
Este punto ha provocado críticas de usuarios que consideran que la oferta discrimina al resto de aspirantes por razón de género. La publicación acumula decenas de comentarios acusando al consistorio de prácticas discriminatorias, cargando contra el colectivo trans y LGTBI+, contra la agenda “woke” e infinidad de críticas similares.
Ahora bien, la convocatoria tiene un contexto específico. No se trata de una plaza estructural del Ayuntamiento abierta mediante un proceso ordinario, sino de una contratación vinculada al Programa Treball i Formació 2026 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
En concreto, la vacante corresponde a la denominada Línia TRANS, una de las modalidades previstas dentro de este programa de empleo.
La imagen difundida por el Ayuntamiento anuncia una jornada de 37,5 horas semanales, un salario de 1.480,10 euros brutos mensuales en 14 pagas y un contrato temporal. También fija el 15 de septiembre de 2026 como plazo para presentar las solicitudes.
¿Por qué solo pueden optar personas trans?
Las bases de la convocatoria explican que el consistorio de Santpedor se acogió al programa conjuntamente con el Consell Comarcal del Bages y otros ayuntamientos. La iniciativa está regulada por la Resolución EMT/4794/2025 y por las bases del Programa Treball i Formació.
Su finalidad es facilitar experiencia profesional a personas paradas que forman parte de colectivos con mayor riesgo de exclusión social o laboral, para mejorarles posteriormente las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
En este caso concreto, la subvención corresponde a la Línia TRANS. Por ello, las bases establecen que pueden participar personas “que no se identifican con el género asignado al nacer según sus características biológicas, ya sea porque se sienten del género contrario o bien porque su identidad no se ajusta a las categorías de género tradicionalmente establecidas”.
Esta condición se acredita mediante una declaración responsable. Además, las personas candidatas deben estar en situación de desempleo e inscritas en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya como demandantes de empleo no ocupadas (DONO) en el momento de la selección y el día anterior al inicio del contrato.
Por lo tanto, el requisito que ha generado la polémica no ha sido incorporado de manera aislada por el Ayuntamiento de Santpedor, sino que deriva de la línea concreta del programa subvencionado a la que está adscrita esta contratación.
Un contrato de 12 meses en Servicios Sociales
La persona seleccionada trabajará durante 12 meses como auxiliar administrativo de apoyo al personal técnico de Servicios Sociales. Entre sus funciones habrá colaborar en trámites relacionados con servicios para personas dependientes, atención domiciliaria, teleasistencia o programas dirigidos a familias, niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores.
También hará tareas de apoyo en la tramitación de prestaciones y ayudas, atención telefónica y presencial, archivo de documentación y gestión de visitas y citas.
Aparte de pertenecer al colectivo destinatario de la línea y encontrarse en paro, se pide una titulación mínima de graduado escolar o equivalente, conocimientos básicos de ofimática y un nivel C1 de catalán o equivalente.
El programa también establece criterios de preferencia transversales. Entre estos hay las mujeres de familias monoparentales, las personas de 45 años o más y aquellas que no dispongan de suficiente cotización para acceder a una pensión de jubilación cuando lleguen a la edad ordinaria.
La controversia en las redes se ha centrado, así, en una oferta que vista de manera aislada limita el acceso a un colectivo concreto. Las bases completas, sin embargo, sitúan la plaza dentro de un programa público de inserción laboral con líneas específicas para colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo, y no dentro de una convocatoria ordinaria para cubrir una plaza permanente de la plantilla municipal.
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