Un gigante de la alimentación cierra este viernes en Cataluña y deja 80 personas en la calle

La planta cerrará definitivamente el 31 de julio y la compañía indemnizará a la ochentena de trabajadores afectados que esperan una nueva salida laboral

27 de julio de 2026 a las 15:36h

La plantilla de Leche Pascual en Gurb, en Osona, ha aprobado el acuerdo que cierra el período de negociación del expediente de regulación de empleo y que comportará la extinción de más de 80 puestos de trabajo. Según ha informado Col·lectiu Ronda, que ha asesorado a la representación de los trabajadores, las indemnizaciones serán equivalentes a las de un despido improcedente.

La fábrica cesará definitivamente la actividad el 31 de julio, cuando Leche Pascual abandonará las instalaciones y completará el traslado de la producción a otros centros de la compañía, principalmente en la provincia de Burgos.

A partir de entonces, la planta pasará a manos de Casa Tarradellas, que prevé fabricar mozzarella. Aun así, según Col·lectiu Ronda, la empresa todavía no ha formalizado ninguna propuesta laboral para los trabajadores afectados.

 

Indemnizaciones de 33 días por año trabajado

El acuerdo aprobado establece que, con carácter general, las personas despedidas recibirán una indemnización de 33 días de salario por año trabajado.

En el caso de los contratos anteriores al 12 de febrero de 2012, el cálculo se hará con 45 días por año por el período trabajado antes de esta fecha y 33 días por año por el tiempo posterior, de acuerdo con el régimen aplicable a los despidos improcedentes.

Durante la negociación se había planteado la posibilidad de que una parte de la plantilla pudiera ser contratada por Casa Tarradellas, pero, según Col·lectiu Ronda, hasta ahora no se ha concretado ninguna oferta.

 

Críticas a la legislación y a las administraciones

En un comunicado, Col·lectiu Ronda ha valorado el acuerdo como “la mejor salida posible” dentro del marco legal vigente. Al mismo tiempo, ha advertido que el caso pone de manifiesto las limitaciones de la legislación actual para impedir el cierre de centros de trabajo rentables.

El colectivo también ha criticado el papel de las administraciones públicas, que considera “insuficiente” para preservar la actividad de la planta, los puestos de trabajo y el sector lácteo catalán.

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