El colectivo Docentes por la Vivienda, junto con diversos agentes educativos de Manresa, como asociaciones de familias, Cáritas y la Escuela Popular de Manresa, han denunciado este miércoles que alumnos desahuciados han sido realojados en pensiones en Berga y Súria, obligándolos a desplazarse entre 20 y 50 km mientras no disponen de un techo definitivo.
Según detallan, los desahucios tuvieron lugar el pasado lunes y han afectado a dos familias con alumnos de entre 2 y 11 años, que asisten a las escuelas Sant Ignasi, Oms y de Prat y a la guardería La Espurna. Los docentes critican que la justicia haya “priorizado” los intereses de un fondo buitre, propietario del bloque, en lugar de los derechos de los niños de familias vulnerables.
Jordi Bordes, miembro del colectivo Docentes por la Vivienda, ha afirmado: “Esto atenta el derecho que tienen los niños a ser escolarizados y a tener una vida digna”. Bordes explica que, cuando hay desahucios o crisis de vivienda por no poder hacer frente a alquileres o hipotecas, los alumnos sufren “muchas dificultades” para seguir el curso académico. “Nos llegan niños con cuadros de ansiedad, angustia, problemas de concentración y el rendimiento se ve muy afectado. Tareas tan cotidianas como hacer trabajo en casa o quedar con compañeros para hacer trabajos se complican mucho”, ha añadido.
Los docentes consideran que es “muy perverso” ejecutar desahucios de un gran tenedor sin ofrecer alojamiento dentro del municipio, y lamentan que las administraciones parezcan no ser conscientes de la crisis de vivienda. Exigen al Departamento de Educación que “defienda a sus alumnos y evite que situaciones como estas se repitan”.
Según los denunciantes, este caso es solo “la punta del iceberg”, especialmente con el final de la moratoria del escudo social, y temen que muchos más desahucios puedan afectar a alumnos en Manresa. “¿Qué pasará, los enviarán a otra comunidad autónoma? No tiene ningún tipo de lógica ni sentido”, lamentan.
Por su parte, el Ayuntamiento de Manresa recuerda que sus competencias se limitan a la gestión de la emergencia habitacional, con el objetivo de evitar que las familias se queden sin alojamiento. Las soluciones estructurales y definitivas corresponden a la Generalitat, y cuando no hay recursos disponibles en la ciudad, se ven obligados a buscar alternativas de alojamiento en otros municipios.