Leche Pascual presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a los 80 trabajadores de su fábrica de Gurb (Osona), toda la plantilla. Según ha informado el Colectivo Ronda, el procedimiento se ha comunicado poco más de un mes antes del cierre previsto de la planta, fijado para el 31 de julio, cuando las instalaciones pasarán a manos de Casa Tarradellas.
La nueva propietaria prevé sustituir la actual actividad de tratamiento y envasado de leche por la producción de mozzarella. Los representantes de los trabajadores dicen que la decisión “no está justificada” y aseguran que negociarán para que se protejan los derechos de la plantilla. En paralelo, la plantilla prevé impulsar un amplio calendario de movilizaciones y protestas.
CIERRE 'INJUSTIFICADO'
La representación de los trabajadores considera que el ERE "no tiene una causa real que lo justifique" porque, según asegura, la planta de Gurb "ha obtenido los mejores registros desde su puesta en marcha, tanto en producción como en rentabilidad".
En este sentido, sostiene que Leche Pascual "decide cerrar una fábrica que funciona y que genera resultados para trasladar la producción a otras fábricas, especialmente a Burgos". Según explican, durante los últimos meses la empresa ha trasladado a este centro tanto líneas productivas como el envasado de leche destinada a marcas como Lidl o Llet Nostra.
La plantilla también reprocha a la compañía haber aplazado el inicio de la negociación. "Después de casi un año desde que se tomó la decisión de vender la fábrica, Leche Pascual ha esperado hasta ahora para abrir formalmente un proceso de negociación con la plantilla", lamentan.
Los representantes de los trabajadores añaden que el despido se ha comunicado "a las puertas del cierre, cuando la decisión ya está ejecutada de facto y buena parte de la actividad ha sido retirada de Gurb".
La plantilla afirma que negociará el ERE, pero advierte que no aceptará "ningún acuerdo que no reconozca la falta de causa que justifique los despidos y que no proteja de manera efectiva los derechos laborales y sociales" de los trabajadores.
También avisa de que, si no hay garantías suficientes, acudirá a los tribunales para pedir "la nulidad de un procedimiento que consideramos viciado de irregularidades". Paralelamente, impulsará nuevas movilizaciones, que se sumarán a las protestas de los últimos meses, entre las cuales la huelga y el corte de la C-17 del pasado 31 de mayo.
