El gobierno municipal de Solsona (ERC y ApS-CUP) ha adoptado la primera medida de este mandato para intentar paliar el problema de la falta de vivienda en la ciudad, que es la modificación del planeamiento urbanístico para detener la proliferación de pisos turísticos. La aprobación inicial de este cambio y la suspensión temporal del otorgamiento de licencias han topado con el rechazo frontal de los dos grupos municipales en la oposición (Junts y Treballem per Solsona), al considerarlas fruto de una decisión exclusivamente ideológica y sin fundamento perjudicial para una actividad económica.
La regulación de las viviendas de uso turístico (HUT) y hogares compartidos se convirtió ayer por la noche en el punto políticamente más polémico del primer Pleno del curso en el Ayuntamiento de Solsona. Con los votos favorables de los concejales de ERC y ApS-CUP se dio luz verde a la modificación del Plan de ordenación urbanística municipal (POUM) para limitar el uso de este tipo de pisos en todo el término municipal y suspender el otorgamiento de nuevas licencias durante un año. Actualmente hay vigentes más de una cuarentena de licencias.
Esta medida tiene el doble objetivo, según defendió la concejala del área, Pilar Viladrich, de favorecer la implantación de políticas sociales de vivienda, en tanto que el crecimiento de pisos turísticos puede reducir la oferta de vivienda habitual de compra o de alquiler y puede alterar los precios del mercado, y, a la vez, anticiparnos a posibles problemáticas asociadas a la convivencia vecinal y a “la presión sobre la calidad del espacio público”. Viladrich argumentó, además, que como municipio declarado de mercado residencial tensionado por la Generalitat de Catalunya, “tenemos la obligación y el deber de aplicar medidas para disponer de más pisos”.
“Al lado de la prevalencia del derecho a la vivienda”
Ante las acusaciones de la oposición, que tildó el acuerdo de “peaje del pacto de gobierno”, la concejala de Vivienda, portavoz cupaire y segunda teniente de alcalde admitió que se trata de una medida “de alto contenido político e ideológico”. “Por eso estamos aquí: nos ponemos al lado de la prevalencia del derecho a la vivienda, de la convivencia vecinal de nuestros barrios, de la sostenibilidad general y la calidad del espacio urbano”. Igualmente, el portavoz republicano, Joan Parcerisa, manifestó su satisfacción por una “primera medida valiente para hacer aflorar vivienda de alquiler” que se acompañará de nuevas acciones en los próximos meses. Porque “hay que actuar ya”.
“En riesgo una actividad económica”
En las antípodas de este posicionamiento se sitúa el de Junts y Treballem per Solsona. Son de la opinión de que no guardan correlación la limitación de los pisos turísticos y el incremento de la oferta del mercado de vivienda. Para Núria Bonet, portavoz de Junts, esta “es una decisión no avalada por ningún estudio”. Opina que “es una medida tomada exclusivamente de cara a la galería porque en Solsona no tiene ningún fundamento”. Asegura que en la ciudad los HUT aportan turismo de calidad, no generan quejas vecinales y, “en muchos casos han implicado una mejora del casco antiguo”. Frenarlos “pone en riesgo una actividad económica”, según Bonet.
En la misma línea se expresó el portavoz de Treballem, Marc Barbens, que quiso dejar claro que lo que se aprobaba ayer era la prohibición de las viviendas de uso turístico y los hogares compartidos. “En lugar de prohibir se debería facilitar y ayudar al acceso a la vivienda”, dijo. “Nos preocupa que ERC haya comprado el marco mental de la CUP, que es ficticio”, afirmó. Barbens considera que la medida carece de consistencia técnica y cualitativa, aludiendo a algunos datos del informe de los servicios técnicos municipales, que demuestran que “actualmente la presencia de viviendas de uso turístico no es abusiva”. El portavoz de Treballem per Solsona describió el perfil de propietarios de este tipo de pisos como el de “personas trabajadoras, que no son ni grandes tenedores ni especuladores” y defendió que esta oferta supone “un refuerzo turístico importante” que, además contribuye a embellecer la ciudad.
Plazas suficientes
La concejala de Vivienda replicó estas observaciones reiterando que el deber del Ayuntamiento es el de “velar por el interés general de la ciudadanía, que es disponer de vivienda” y señalando que el informe técnico de que dispone constata que “las plazas turísticas de la ciudad son suficientes” para atender la demanda actual.
Con la aprobación inicial de la modificación del POUM se abre un período de información pública de 45 días para que se puedan presentar alegaciones. Paralelamente, el Pleno también aprobó, con los votos contrarios de la oposición, la suspensión del otorgamiento de licencias por el plazo de un año con el fin de estudiar la regulación específica.
