Vecinos del Raval reclaman una reunión con Colau y un operativo especial de seguridad

14 de septiembre de 2017 a las 14:53h
Los vecinos de las calles Roig y Picalquers, así como la Asociación de Vecinos Illa Robadors, han reclamado este jueves a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, y al portavoz de los Mossos, Albert Oliva, que vengan al barrio del Raval y se reúnan con ellos para abordar la proliferación de los 'narcopisos'. Entre las medidas que piden figura un operativo especial de seguridad en el Raval, especialmente a altas horas de la noche, cuando se están produciendo "muchos delitos y un incremento de la violencia visible". También quieren una actuación más contundente de los Mossos "más allá de detener para pedir la documentación y después dejarlos ir". Los vecinos han aprovechado para lamentar el silencio de la Generalitat al respecto después de más de dos meses de quejas vecinales.
En un comunicado, han lamentado que en tres meses aún no se haya aprobado ninguna ordenanza o ley para combatir este fenómeno, y han pedido al Ayuntamiento y a las autoridades policiales que respondan con más rapidez cuando los vecinos denuncian ocupaciones de pisos para traficar con drogas, para poder así desalojar el inmueble antes. Quieren más recursos para incrementar dotaciones policiales y preventivas de salud. Este colectivo también ha instado al consistorio a agilizar el censo inmobiliario al máximo, y así poder denunciar los 'narcopisos' detectados. Asimismo, quiere que se hagan públicas las sanciones que se pondrán a los propietarios de pisos vacíos, entidades financieras y fondos de inversión en muchos casos. En materia de salud pública, los vecinos también piden que se aplique ya el Plan de tratamiento y prevención de drogas 2017-2020, así como saber la fecha definitiva de apertura de la Sala Baluard para drogodependientes. Asimismo, instan a incrementar el papel de los educadores de calle. Como ya apuntaron hace unos días, alertan que desde hace unos meses algunas personas y grupos de vecinos han insinuado que podrían contratar personas violentas para expulsar a los traficantes de droga, unas actitudes que tildan "de ilegales y abusivas".
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