Unos 8.000 profesores de secundaria y maestros de primaria del Camp de Tarragona, y unas 400 personas pertenecientes al personal laboral, están llamados a la huelga convocada para el jueves por los sindicatos USTEC-STEs, ASPEPC, CGT y CSIF. El colectivo reclama que se reviertan los recortes de los últimos ocho años en el sector de la enseñanza y en toda la función pública. Denuncian que han sufrido un deterioro de las condiciones laborales y reclaman a la Generalitat "unos presupuestos sociales" que les dediquen más gasto. También piden la reducción de una hora lectiva, una medida que en las comarcas tarraconenses podría suponer un incremento de 400 docentes. En Tarragona se ha convocado una manifestación que saldrá desde la plaza Imperial Tàrraco a las 12 del mediodía y que se dirigirá hacia los Servicios Territoriales de Enseñanza. Entre las reivindicaciones, está la recuperación del poder adquisitivo y el retorno de las pagas extras de 2013 y 2014, una de las cuales ya deberían haber cobrado. En cuanto a la reducción de una hora lectiva, el portavoz de USTEC en Tarragona, Josep Maria Cartanyà, explica que es un compromiso que hace dos años que se adquirió. En el Camp de Tarragona, implementar esta medida podría suponer un incremento de unos 400 docentes de primaria y secundaria.
Por otra parte, también se pide la reducción de la ratio de alumnos, que ahora mismo se encuentra en unos 35 alumnos en bachillerato, 30 en la ESO y 25 en primaria. "Deben ser más bajas, habría grupos que deberían desdoblarse y debería haber más plantilla", considera Cartanyà. Un punto más en las reclamaciones es que las jornadas reducidas tengan que ser mínimo de media jornada, para evitar que haya profesorado "en precario", haciendo tercios de jornada.
Se exige la consolidación del personal interino, que ha aumentado en los centros en los últimos años. "En cuatro o cinco años debe haber oposiciones, y pedimos que se tenga también en cuenta la experiencia docente", ha argumentado Cartanyà, que reclama "una fórmula para consolidarlos", como un concurso de méritos.
Otra petición es que se mantenga la formación profesional (FP) dependiendo del Departamento de Enseñanza y que se evite abrir la puerta a procesos de privatización, con empresas y agentes sociales impartiendo cursos. "Entendemos que la parte académica de FP garantiza que los currículos estén controlados por la misma administración y no desmenuzados en empresas", ha defendido el portavoz de USTEC en Tarragona. Finalmente, muestran su rechazo al llamado decreto de provisión por considerarlo "una nueva forma de contratación no transparente".