Una treintena de personas se ha concentrado este jueves por la noche en la plaza Ricard Vinyes de Lleida para protestar contra el desalojo y posterior derribo del Centro Social Okupado (CSO) La Chispa, que ha tenido lugar a primera hora de la mañana. Los concentrados han sido mayoritariamente jóvenes que han desplegado pancartas contra el desalojo y a favor de la okupación. Asimismo también han gritado consignas y han repartido folletos con información de lo que ha pasado y se ha estado haciendo en La Chispa hasta que ha tenido lugar el desalojo. Varias patrullas de los Mossos d'Esquadra han estado controlando la concentración a distancia de la misma manera que algunas unidades de la Brigada Móvil que estaban aún más alejadas, aparcadas en Rovira Roure.
Pasadas las ocho de este jueves por la mañana varios efectivos de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra han entrado en el CSO 'la Chispa' para llevar a cabo el desalojo del inmueble, propiedad de la empresa inmobiliaria UA S.L., en cumplimiento de una orden judicial. Las tres personas que había en ese momento han decidido abandonar la casa voluntariamente después de retirar algunos objetos del interior. Los okupas han asegurado que nadie les había comunicado que se llevaría a cabo el desalojo y han criticado que no se les haya mostrado ninguna orden judicial que acreditara la actuación. Posteriormente, una excavadora se ha desplazado hasta el lugar. Un par de jóvenes se ha subido para evitar que pudiera acceder al interior del recinto de la casa aunque finalmente han acabado desistiendo su protesta ante la petición de los Mossos y han bajado del vehículo, que ha acabado entrando en la finca para empezar a tirar al suelo el inmueble que ha quedado totalmente desmantelado en una hora. El juzgado penal número 3 de Lleida había ordenado hace cerca de un año el desalojo del CSO 'La Chispa' okupado desde diciembre de 2007. El 14 de diciembre de 2016 tuvo lugar el juicio contra dos personas que residían en la casa, acusadas por usurpación del espacio, mientras otras dos acusadas del mismo delito fueron juzgadas el 7 de marzo de este año. El juzgado condenó a todas ellas a pagar una multa de 450 euros cada uno por un delito de usurpación, con el fin de indemnizar a la empresa inmobiliaria propietaria por los desperfectos ocasionados en el edificio.