Unas 600 personas se han manifestado este viernes por la tarde en Reus en defensa del Hospital Sant Joan. La protesta la ha convocado el comité de empresa para mostrar su malestar con los dirigentes del centro, la falta de información y los pocos avances en la negociación del convenio colectivo. En los últimos días, se ha añadido una nueva preocupación: una auditoría encargada por la dirección con el fin de equilibrar el déficit del hospital, que el año pasado alcanzó los 8,4 MEUR. Entre otras medidas, el documento propone cerrar 41 camas, despedir a 16 trabajadores de Urgencias y prescindir de un acelerador lineal y de la unidad de Medicina del Deporte. La presidenta del comité, Alícia Martín, ha advertido que no permitirán que los trabajadores y la ciudadanía paguen las consecuencias de una "mala gestión política". Convocados por el comité de empresa, los manifestantes se han reunido a las seis de la tarde ante el edificio del antiguo hospital y, durante más de una hora, han realizado una marcha lenta hasta la plaza del Mercadal. Durante la manifestación, que ha sido encabezada por una pancarta en la que se podía leer '¡El Hospital es del pueblo, defendámoslo!', los asistentes han lanzado consignas contra los recortes y advirtiendo de los efectos que pueden tener sobre la ciudadanía. El comité ha recibido el apoyo de numerosos sindicatos y entidades de la ciudad.
La presidenta del comité de empresa, Alícia Martín, ha cargado contra "la falta de respeto" que están mostrando los responsables del hospital hacia los 3.000 trabajadores del centro y sus usuarios. "Entendemos que no se pueden cerrar servicios así como así, sin dar explicaciones", ha lamentado.
Además, Martín se ha mostrado contrariada por el hecho de que, cuando la Generalitat anunció que intervendría el hospital -pasando a controlar el 55% de la sociedad-, aseguró que asumiría el personal y la deuda. "No entendemos cómo, ahora, lo queremos hacer pagar a los ciudadanos y a los trabajadores", ha insistido.
Los trabajadores han expresado también su preocupación por la negociación del convenio colectivo, que debería firmarse antes de finales de junio. Martín ha explicado que las posiciones están alejadas porque dirección pretende supeditar el pago de direcciones por objetivos (DPO) al equilibrio presupuestario de la empresa; equiparar la antigüedad a la del Siscat, y reducir la indemnización por cese o jubilación.
