Un policía entregó pelotas de goma a alumnos del Estonnac de Lleida

El gobierno español ha admitido, en respuesta a una batería de preguntas presentadas por el diputado leridano del PDeCAT Toni Postius, que efectivos de la Policía Nacional desplegados en Lleida los días posteriores al referéndum del 1 de octubre repartieron pelotas de goma entre los alumnos del colegio Lestonnac, ubicado justo al lado de la comisaría de este cuerpo en la capital del Segrià. En el escrito de respuesta se considera que entregar este material antidisturbios a los niños fue "un hecho puntual, a título individual" de uno de los agentes y "no institucional". También subraya que esta práctica, que supuso protestas de los padres y madres de alumnos del Lestonnac y de la propia dirección del centro, se "sacó de contexto". El ejecutivo español explica que "la entrega de las pelotas había obedecido únicamente a la iniciativa de un policía adscrito a la Unidad de Intervención Policial y que no se hizo de forma indiscriminada a los alumnos del colegio". Así, consideran que el hecho se sacó de contexto "debido a la situación política y social por la que pasa Cataluña". En este sentido, añade que regalar este tipo de material antidisturbios se hace "con cierta frecuencia" con motivo de la celebración de actos organizados por la Policía Nacional "incluso en el Salón de la Infancia". Toni Postius considera "del todo inapropiado" repartir material antidisturbios a los niños "como si fuera un juguete" y advierte que esto "banaliza las consecuencias del uso de estas bolas, que en Barcelona le hicieron perder un ojo a una de las personas que acudían a votar en el referéndum de autodeterminación". En el mismo escrito, el gobierno responde a la pregunta sobre el uso de pelotas de goma en Cataluña el 1 de octubre, teniendo en cuenta que está prohibido por el Parlamento. El ejecutivo de Rajoy se acoge a que el uso de este material antidisturbios "no está regulado por Ley" en España y se remite a la Circular de 3 de septiembre de 2013 de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que lo establece como "el último escalón del procedimiento" y que es preceptiva la autorización del responsable policial del dispositivo de orden público y que hay que dar cuenta de este dispositivo tanto a las autoridades policiales como a las judiciales.