El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha imputado a un quinto agente de la policía española por las cargas del 1-O y ha considerado que el TSJC no amparaba la entrada de los antidisturbios en las escuelas concertadas para impedir el referéndum. Este nuevo policía investigado, el quinto de los que lo hizo en la capital catalana, es el inspector que lideraba el dispositivo de entrada en la escuela FEDAC Horta. El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha considerado que la resolución demuestra que los posibles delitos de lesiones y contra la integridad moral cometidos por los agentes en este centro serían aún más graves porque no estarían amparados por la orden judicial del TSJC. Además, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que ordene a la fiscalía "no obstruir" las investigaciones judiciales contra los antidisturbios. En su auto, el magistrado se pregunta por qué motivo la policía actuó en un centro de titularidad privada, donde se "empujó y zarandeó a las personas que se encontraban allí", cuatro de las cuales quedaron heridas. En Barcelona la policía entró en al menos tres escuelas concertadas más: Projecte, Pia de Sant Antoni e Infant Jesús.
Para el Ayuntamiento de Barcelona, que es acusación en esta causa, la intervención en estos centros podría implicar la citación como testigo o como investigado de Diego Pérez de los Cobos, el máximo coordinador del dispositivo. Asens ha remarcado que el ahora investigado es un mando, en concreto un inspector.
Por todo ello, Asens ha pedido al gobierno socialista que rompa "las líneas de continuidad" con el gobierno del PP, como ha hecho, según él, con la crisis migratoria y el proceso soberanista, ya que el Ministerio del Interior no está colaborando en la investigación judicial, y, por ejemplo, no ha entregado todos los audios que le ha pedido el juez, y muchos de ellos son defectuosos. Asens ha recordado que el PSOE quería reprobar a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por la actuación policial el 1-O, aunque después retiró la propuesta.
A la fiscalía le ha reprochado "pasividad manifiesta" y un "sesgo político", ya que investiga a los Mossos para identificar a "encapuchados" que quitan lazos amarillos, algunos de los cuales son miembros de la ultraderecha, y en cambio "se desentiende" de las lesiones a votantes independentistas el 1-O. Por ello, le ha pedido que se ponga al lado de las víctimas, o como mínimo al lado de la justicia y no "obstruya y dinamite" las investigaciones judiciales.