El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ya ha llegado a la Audiencia Nacional, donde está citado a partir de las 10 de la mañana como investigado por un supuesto delito de sedición por las protestas de los días 20 y 21 de septiembre durante la operación "Anubis" contra la organización del referéndum. La jueza del caso, Carmen Lamela, también ha citado para este lunes al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, al de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, y a la intendente de los Mossos Teresa Lapalana. Lamela tiene sobre la mesa un nuevo informe de la Guardia Civil, mucho más detallado que el primero, que incluye también el 1-O y que atribuye a Sànchez y Cuixart "un papel decisivo" en la resistencia civil contra el operativo basándose en sus mensajes de Twitter. Sobre Trapero, acusa a los Mossos "de inacción flagrante" y asegura que actuó como "brazo ejecutor" de un supuesto plan independentista y que lo hizo "en conexión directa" con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras.
Es la segunda vez que los cuatro declaran en la Audiencia Nacional por estos hechos. La primera fue el 6 de octubre, cuando la Fiscalía presentó este nuevo informe de 300 páginas acompañado de una petición para que se les volviera a citar. Entonces, Trapero y Laplana fueron los únicos que respondieron todas las preguntas de las partes, mientras que Sànchez contestó las de la defensa y Cuixart se negó a declarar. Este lunes se enfrentan también a preguntas de otras jornadas que van más allá de las protestas de los días 20 y 21 de septiembre y que llegan al 1-O, día del referéndum. Además de los cuatro investigados, que se enfrentan a peticiones de hasta 15 años de prisión, están citados a declarar tres testigos. Son dos agentes de la Guardia Civil y la secretaria judicial del juzgado 13 de Barcelona. Apoyo de los partidos soberanistas Como ocurrió el 6 de octubre, cuando tuvieron que comparecer por primera vez, los presidentes de la ANC y Òmnium han obtenido el apoyo sobre el terreno de representantes del PDeCAT, ERC, Catalunya en Comú, y de entidades como 'Madrileños por el derecho a decidir'. La policía ha establecido nuevamente un dispositivo de seguridad que les impide saludarles y acceder a las inmediaciones de la Audiencia. El informe de la Guardia Civil El atestado elaborado por la Guardia Civil y entregado a la Audiencia Nacional acusa a los mossos "de inacción flagrante" durante el dispositivo del día del referéndum. El informe recoge vídeos e imágenes que analizan la actuación del cuerpo aquel día y se afirma que "lejos de cumplirse las órdenes de Trapero derivaron en una inacción flagrante teniendo que ser el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad los que tuvieron que actuar activamente para evitar la celebración del referéndum". El informe apunta que la no actuación de los Mossos que denuncian "no puede recaer en la voluntad individual" de los agentes, sino que era el resultado "de un plan premeditado" para evitar actuar y señala a Trapero "en conexión directa con los miembros del comité estratégico", en relación a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. De hecho, sobre Sànchez y Cuixart, la magistrada considera que, con la nueva información aportada por la Guardia Civil, se infiere que los hechos investigados no constituyen un hecho aislado, sino que se enmarcan dentro de una estrategia compleja "con la que desde hace tiempo colaboran" ambos "en ejecución de una hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar". Lamela, además, ha rechazado declinar su competencia a favor de los juzgados de instrucción de Barcelona en esta causa. La magistrada remarca que, en estas diligencias, se está investigando un delito de sedición que persigue cambiar ilegalmente la organización del Estado y, por tanto, concluye que es competencia de la Audiencia Nacional.