El juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona ha ordenado suspender el derribo de las 32 viviendas ilegales levantadas por la promotora Turov en la urbanización de Serramar, en Alcanar Platja, hasta que no se resuelva el fondo del recurso judicial presentado por los afectados. El consistorio adjudicó hace pocas semanas la obra a una empresa especializada, tal y como le había requerido el mismo juzgado. Ahora, sin embargo, las máquinas no podrán actuar hasta que no se haya resuelto el incidente de ejecución que presentaron in extremis los vecinos, alegando que habían sufrido "indefensión" a lo largo del proceso judicial. Así lo pone de relieve la providencia emitida hace pocos días por el titular del juzgado tarraconense que, inicialmente, no admitió la demanda de suspensión cautelar incluida en el incidente de los vecinos. La providencia llega después de que los afectados presentaran un recurso contra esta inadmisión con nuevos argumentos y documentación.
"Nos da esperanza porque no ha sido negativa. Si no nos hubieran admitido la suspensión, eso quería decir que el juzgado tenía ya prácticamente la resolución tomada, que no pensaba impedir el derribo. Por eso tampoco lo suspendía. Si lo suspende es porque tiene dudas. No quiere decir que nos tengan que dar la razón en el fondo del tema: pero tiene dudas y lo quiere estudiar bien. Es la esperanza que nos queda", ha razonado el abogado de más de una veintena de propietarios afectados, Llorenç Cortadella. La medida intentaría evitar un callejón sin salida jurídico: que se acabe dando la razón al incidente de ejecución planteado por los vecinos una vez se hubiera ya materializado el derribo. Los propietarios argumentaban que no se les dio la posibilidad de comparecer al procedimiento judicial desde un primer momento, evitando que no se hayan podido defender. Por eso, añaden, si se ejecutara el derribo se haría en situación de indefensión. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcanar, a pesar de haber tenido noticia de la suspensión a través de su gabinete jurídico, ha evitado de momento valorarla porque asegura desconocer el contenido exacto de la providencia. "De momento, se desconoce qué implicaciones tendrá esta suspensión", asegura el comunicado, apelando a la "prudencia" y a "evitar confusiones". El gobierno municipal reitera que se trata de una situación complicada, que está obligado a cumplir las sentencias judiciales y ha mostrado su "apoyo" a las personas afectadas. El pasado otoño, y con la sentencia firme que le obligaba a derribar, el consistorio intentó suspender el proceso pidiendo al juez que resolviera definitivamente el incidente planteado por los vecinos. El pasado mes de febrero, la junta de gobierno local aprobó adjudicar las obras a la empresa Rigel Over SL por 110.000 euros.
