Desde principios de 2018, el Síndic de Greuges ha recibido más de 200 quejas por el desmantelamiento de la línea de ferrocarril Port Aventura-Salou-Cambrils-Mont-roig del Camp-l'Hospitalet de l'Infant. Según exponen las personas afectadas, dada la falta de interés de la Generalitat por adecuar la línea al sistema de tren-tranvía de manera inmediata, el desmantelamiento deja sin ninguna alternativa que facilite o mejore la movilidad de las personas usuarias de la red de Rodalies de Catalunya, dada la lejanía de la variante del corredor mediterráneo respecto de los núcleos de población más importantes, como Salou y Cambrils, que, además, pierden la conexión entre sí. Es bien sabido que la red de Rodalies de Catalunya sufre numerosas deficiencias, por lo que la desaparición de una línea que da servicio anualmente a más de 675.000 personas de los municipios de Salou y Cambrils hace necesario un estudio exhaustivo del caso y una decisión motivada. Las quejas recibidas también ponen de manifiesto que el desmantelamiento de esta línea contradice las determinaciones territoriales del Plan territorial parcial del Camp de Tarragona, en el que se recogen las actuaciones de acondicionamiento tren-tranvía y que establece que el sistema ferroviario y tranviario tiene un carácter estratégico y prioritario dentro de las infraestructuras de movilidad y transporte. También manifiestan que implicará consecuencias relevantes de carácter ambiental y social en la región y que no respeta las determinaciones de la Ley 38/2015, del sector ferroviario, ya que no se ha optado por su traspaso previo a la Generalitat de Catalunya, y ésta no ha emitido sus informes pertinentes. Además, las personas afectadas también exponen que las estaciones más cercanas quedarán a dos kilómetros de las actuales, lo que se traduce en media hora a pie, aproximadamente, lo que las hace absolutamente inadecuadas si no se quiere utilizar el coche privado. Efectivamente, la Ley estatal 38/2015, del sector ferroviario, prevé que el Ministerio de Fomento puede excluir una determinada infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General siempre que hayan desaparecido los motivos que justificaron su inclusión. Sin embargo, también establece la posibilidad de que sea traspasada a la comunidad autónoma correspondiente, a instancia de la comunidad autónoma o del Ministerio de Fomento. Además, también determina que, antes de la clausura de una línea, el Ministerio de Fomento debe ponerlo en conocimiento de las comunidades autónomas y entidades locales que puedan resultar afectadas. Tras haber pedido información a las administraciones, el Síndic no tiene constancia de la emisión por parte de la Generalitat de Catalunya de este informe previo ni tampoco de la comunicación del acuerdo de clausura del Ministerio de Fomento a la Generalitat o los ayuntamientos afectados. Ante este hecho, el Síndic ha informado del caso al Defensor del Pueblo con el objetivo de que pida información concreta al Ministerio de Fomento sobre el estado de los informes previos y las comunicaciones. El Síndic también ha hecho llegar toda una serie de recordatorios legales, sugerencias y recomendaciones a las administraciones afectadas y pide que se le informe de las decisiones tomadas sobre esta cuestión. En este sentido, al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat le recuerda que debe defender ante el Ministerio de Fomento, conjuntamente con los municipios afectados, el proyecto de acondicionamiento tren-tranvía de la actual línea ferroviaria, habilitando los estudios, proyectos y recursos administrativos y económicos que sean necesarios. De acuerdo con esto, el Síndic pide al Departamento que valore la decisión de instar el expediente de traspaso de esta línea; que convoque una reunión del Consejo de la Movilidad para evaluar el desmantelamiento, así como sus consecuencias en la movilidad y las alternativas posibles, y que determine, antes de su establecimiento y de acuerdo con los ayuntamientos afectados y la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona, las condiciones de integración del sistema tranviario, tanto desde el punto de vista urbanístico como de gestión del sistema viario, por medio de un plan especial urbanístico del sistema tranviario. A los ayuntamientos de Cambrils y Salou, les recuerda que deben defender ante el Ministerio de Fomento el proyecto de acondicionamiento tren-tranvía de la actual línea ferroviaria; que deben participar en la determinación, antes de su establecimiento y junto con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona, de las condiciones de integración del sistema tranviario, y que deben solicitar un informe del Programa de planificación territorial, una vez aprobados inicialmente los planes urbanísticos de iniciativa municipal. Con carácter general, y para todas las administraciones, el Síndic pide: Que se promuevan políticas de transporte y de comunicación, basadas en criterios de sostenibilidad, que fomenten la utilización del transporte público y la mejora de la movilidad y que garanticen la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Que se planifique la movilidad tomando como base la prioridad de los sistemas de transporte público y colectivo (Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad). Que se adopten medidas en materia de transportes y movilidad encaminadas a reducir la vulnerabilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero, para avanzar hacia un modelo de transporte público, colectivo e intermodal que no se base en la tenencia de vehículo privado y que fomente el uso generalizado del transporte público y otras formas de transporte sostenible sin emisiones de gases de efecto invernadero (Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático). El Síndic recuerda que es necesario potenciar el transporte público, especialmente si se tiene presente que desgraciadamente ya se manifiestan los efectos del cambio climático en la vida cotidiana. En este sentido, es necesario impulsar el transporte público que sea más sostenible y que provoque menos emisiones contaminantes a la atmósfera, al tiempo que optimice las opciones de movilidad de las personas. Es por ello que el Síndic insta al Gobierno de la Generalitat de Catalunya y al Gobierno del Estado para que, conjuntamente, busquen la mejor solución técnica para convertir la actual línea ferroviaria en una infraestructura de transporte público intermunicipal (tren-tranvía). Este asunto debería figurar entre los temas prioritarios en la agenda que se debe tratar entre ambos gobiernos.
Solicitan instalar un tranvía entre Port Aventura y L'Hospitalet de l'Infant
12 de junio de 2018 a las 11:02h
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