¿Con qué objetivo nace Abogacía por la Democracia?
El antecedente de la asociación se encuentra en un grupo de abogados que nos reunimos a raíz del 9-N y fue la semana antes del 1-O cuando nos constituimos como Abogacía por la Democracia dada la inquietud y preocupación de muchas personas que veían como los medios no paraban de decir que todo aquello era ilegal. Nosotros mantenemos que un referéndum no es ilegal e intentamos tranquilizar y aclarar la situación. Nos inspiramos en los compañeros de Girona e hicimos como ellos, distribuyéndonos por diferentes colegios electorales con la intención de poner paz y aportar seguridad jurídica a todo el que iba a votar. Todos estábamos preparados en varios centros por si, en caso de que entraran los cuerpos policiales, hablar con ellos y pedirles la orden judicial correspondiente.
Abogacía por la Democracia no tiene ninguna ideología ni disciplina definida, somos transversales, con miembros de muchos perfiles políticos. Todas y todos los que formamos parte entendemos y ejercemos nuestra profesión como defensores de los derechos de las personas. Mucha gente sintió que sus derechos fueron vulnerados durante el 1-O y por eso nos organizamos para atender a todo el que lo necesitara.
Desde el punto de vista jurídico, ¿qué nos lleva a considerar que tenemos "presos políticos"?
Estas personas están encarceladas por motivaciones políticas, porque la actuación que se les imputa es de carácter estrictamente político. Yo soy de los que he vivido y luchado contra el hecho de tener presos políticos desde tiempos del franquismo, y me causa una gran lástima ver que inicié mi carrera profesional defendiéndolos y que la acabaré de la misma manera, con gente en la prisión por sus ideas.
Sin entrar en elucubraciones académicas, existe el hecho innegable de que a día de hoy, con independencia del delito que se les imputa, estas personas están en la prisión por cuestiones políticas. Esto es irrefutable, y seguirán siendo presos políticos si su juicio se resuelve con una sentencia condenatoria. El Estado se intenta defender de una actuación política y considero que los dejan en libertad porque temen que si lo hacen contribuirían y permitirían que estas personas emprendieran actuaciones que, a los ojos del poder judicial, ven improcedente.
¿Cuándo llegará este juicio y cómo cree que transcurrirá?
Ahora se presentará el escrito de defensa, a partir del cual se procederá a señalar la fecha de la vista, pero hay que tener en cuenta que la recusación del juez Marchena podría alargar aún más este plazo. Respecto al Tribunal Supremo, es difícil hacer previsiones porque no es un proceso que pueda considerarse normal y lo lógico sería que se señalara una fecha rápidamente. Por ejemplo, el mes de agosto se declaró hábil para avanzar en este proceso judicial ante una situación como la actual, es algo lógico, pero la realidad es que durante este mes no se hizo nada. La sospecha y el convencimiento que tengo es que incluso los plazos procesales atienden también a determinadas motivaciones políticas. Los anglosajones tienen un aforismo que dice "not only justice must be done, but also seen to be done", que traducido nos viene a decir que la justicia no sólo se tiene que hacer, sino que se tiene que ver cómo se hace. Es básico que la gente creamos en este principio y que tengamos confianza con el ente judicial, pero se está consiguiendo lo contrario. Tanto desde el punto de vista político como del de la propia gente de la calle esto es terrible, porque todos podemos tener la duda o el sufrimiento de pensar si se nos juzgará o no por según qué actuaciones.
Muchos defendemos que la gran mayoría de los 5.000 jueces que hay en España hacen lo mejor que pueden y que si alguna vez la cosa no ha funcionado del todo bien es más por incompetencia que por mala voluntad. Esto pasa en todas las profesiones, pero es aterrador tener tantas sospechas tan fundamentadas de que la cosa no es realmente así, que las cosas no se están haciendo bien porque no se quiere, sobre todo cuando hablamos de los cargos jurídicos más elevados. Esto es terrible y perjudica mucho más a la Justicia que al propio Gobierno o al poder legislativo.
Ustedes denuncian la "falta de independencia del Tribunal Supremo ante los poderes del Estado español". Por lo tanto, ¿considera que la justicia está cada vez más politizada?
En los procesos judiciales tiene que prevalecer una seguridad jurídica, tal como se aplica en los demás países europeos y tantos otros en todo el mundo. Desgraciadamente, aquí existe cierta predictibilidad de la justicia y parece que no puedes conocer razonablemente si se te dará o no la razón. Un juez también puede sentirse agredido por una determinada actuación como cualquier otra persona, pero como profesional tiene que ser capaz de vencerla sin implicarse personalmente. Como ejemplo, un policía que tiene una hija e investiga el asesinato de una niña se sentirá totalmente agredido, es lógico y evidente pero tiene que mantener su profesional y dedicarse como si se tratara de un caso que no lo violentara.
En el caso concreto del juez Llarena se da la situación que no puede demostrar que sentirse implicado en esta actuación política. Estoy convencido de que algunos jueces alemanes y belgas compartirían la tesis de este magistrado, es legítimo considerar que no se puede atentar contra la unidad del Estado, pero les agradecemos que se sitúen por encima de esta y valoren si esto es merecedor de una acusación o de otra.
¿La situación política catalana puede haber supuesto un examen sobre el estado de la esfera judicial española?
Pienso que sí, que posiblemente la situación catalana haya comportado una revisión pública sobre si las costuras del poder judicial están bien atadas o no. Encontramos otra prueba aún más demoledora con lo que ha pasado en la Sala Tercera del Supremo con la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. Ciertamente podríamos discutir sobre si se tiene razón o si esta es oportuna o no, pero técnicamente la sentencia es buena. Aún así, lo que no se puede hacer es dar la imagen que se ha ejercido una presión que ha provocado una modificación de la sentencia primera.
La realidad es que la situación vivida en los últimos meses en Cataluña ha puesto nervioso al Estado y ha demostrado que la Justicia no funciona con suficiente independencia. Cuando pintan la figura de la Justicia con los ojos vendados significa todo lo contrario, que esta tiene que actuar con unos criterios propios y ajenos a los demás poderes.
Desde sus 45 años de experiencia en el mundo de la abogacía, ¿cómo valora toda la inverosimilitud vivida durante este último año?
Cuando murió el dictador Franco tenía 25 años y ya era abogado desde hacía dos. Nuestra generación vivió la Transición y tuve muchas dudas sobre la manera en que se llevó a cabo este cambio radical. En aquellos tiempos me ilusionaba pensar que esta transformación había funcionado muy bien, y es evidente que estamos mejor, es absurdo negarlo, pero tengo la sensación de habernos dejado demasiadas cosas por hacer y en parte me siento culpable. Creo que fuimos demasiado autocomplacientes y que la exigencia que la inmensa mayoría de nuestra generación compartía en los años setenta de luchar contra el franquismo quedó contentada con una Transición aparente. No digo que fuera únicamente apariencia, porque aunque yo considerara que la Constitución era un poco tibia, esta jugó un papel trascendental en el cambio radical del Estado, de igual manera que la tarea realizada por el Tribunal Constitucional.
La Transición y la Constitución se pactaron dentro de lo que se podía hacer en aquel momento, y cuando estas ya se asentaron, alguien hizo releer estos principios. Se me escapa a partir de qué momento empezamos a retroceder en este ámbito, y creo que este es el problema. Aquí en Cataluña esta regresión se puso muy de manifiesto con la sentencia del Constitucional sobre la reforma del Estatuto, la cual mostró descarnadamente que, supuestamente, la Constitución no permitía aquello que se quería para la sociedad catalana. Esto último no es cierto, porque la Constitución lo permite todo dependiendo de cómo se interprete. Algunas interpretaciones son generosas y participan del espíritu de entonces, mientras que hay otras que son carcas, cerradas.
¿Qué me puede decir respecto su candidatura a ocupar una de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial?
Se habían propuesto dos candidaturas, una acordada por PSOE y PP y otra a la cual me incluía era la presentada por Podemos, pero esta se retiró. Comparecimos ante los grupos parlamentarios, donde los representantes socialistas me preguntaban si creía que la elección por parte de las Cámaras era correcta o si nos quitaba legitimidad. Les respondía que sí, que las votaciones provenientes de las Cámaras legislativas eran totalmente legítimas. Ahora bien, lo que hace perder la legitimidad a las Cámaras es la manera con la que los partidos las gestionan. Tiene cierto sentido que se pacten candidaturas, pero señalar a quien tienen que votar los vocales escogidos cuando estos salgan es pervertir el sistema.
Esto merecería un análisis del funcionamiento de la representatividad de los votantes respecto las Cámaras. Por ejemplo, incluso Donald Trump se tiene que trabajar sus propios senadores y congresistas republicanos para sacar adelante ciertas leyes, una disparidad entre miembros de la misma agrupación que aquí es impensable. Aún así, la retirada de la candidatura es lógica, porque se necesitan 210 votos, los cuales no saldrían si PP y Ciudadanos se ponen de acuerdo.
¿En qué punto se encuentran las causas particulares presentadas a raíz del 1 de octubre que ustedes defienden?
De momento sólo se han visto dos, en los meses de junio y julio, las cuales denunciaban algunos policías por lesiones producidas durante el primero de octubre. En ambos casos los agentes fueron absueltos, una por falta de pruebas para identificarlo, y en la otra sí se identificó el agente, pero la jueza entendió que, aunque afirmar que sí hubo lesiones, estas se amparaban a la circunstancia de estar cumpliendo un deber. Las dos están recurridas.
Nosotros mismos nos dábamos cuenta de que en algunos casos, probablemente el policía sólo cumplía órdenes. Por esta razón creímos conveniente poder ampliar el foco ante el juez y analizar si estas órdenes estaban bien dadas. Es necesario considerar el contexto para poder valorar la conducta de los agentes, quién lo ordenó y cómo. Por eso, con la pretensión de que el juez pueda ver y valorarlo todo con mayor perspectiva, presentamos una querella contra la Subdelegada del Gobierno español en Lleida de entonces, Imma Manso, y contra el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, la cual ha sido admitida a trámite.
¿Tienen previsto emprender próximamente más acciones desde la asociación?
Pues sí, además de manera inmediata. Un compañero de la asociación tuvo la idea de recurrir la decisión del Senado de aplicar el artículo 155 en Cataluña y nos pusimos enseguida. En octubre del año pasado se cesó a los cargos electos del Parlamento de Cataluña y a los representantes de la Generalitat, una propuesta del Gobierno español que sólo podía autorizar el Senado.
Nosotros entendemos que esto comportaba la privación ilegítima, fuera de las vías legales, del derecho que todos tenemos derecho de participar de los asuntos públicos, concretamente a través de la elección de nuestros representantes. La Constitución mantiene que el 155 permite adoptar ciertas medidas, pero no la de cesar ni afectar a nuestros representantes políticos. Por esta razón, unas cien personas presentamos a finales de enero de este año un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, alegando que, como ciudadanos y electores de Lleida del 27 de septiembre de 2015, se nos había privado de este derecho público participativo negando el ejercicio de nuestros representantes. Este recurso se nos denegó sin ningún tipo de explicación, sólo manifestando que no cumplimos los requisitos, un hecho que incrementa aún más el agravio. Ahora estamos acabando de pulir la demanda que enviaremos a Estrasburgo a lo largo del mes de diciembre.
A título personal, ¿cuál cree que es la solución a todo esto?
Personalmente, creo que la situación refleja una perspectiva muy estrecha de miras por parte del Estado español. Me he pasado toda la vida intentando, participando y creyendo en un proyecto ilusionante como era y puede ser España. Seguro que muchas generaciones lo soñábamos, pero cuando te esfuerzas tanto y ves la mentalidad que continúa prevaleciendo actualmente en España es realmente desalentador. Entiendo que una persona joven clame por un país mejor y que mantenga la esperanza de conseguirlo, pero me sabría muy mal que de aquí treinta o cuarenta años acabe pensando lo mismo que yo, que ya no hay nada que hacer. No sé cuál es la solución, pero encuentro que hay que plantearse qué hace y qué papel juega la izquierda española ante todo esto.
¿Y respecto el panorama judicial estatal?
Pienso que al poder judicial le falta aire y que necesita escuchar más la voz de la calle. La ley siempre se tiene que interpretar en un contexto social determinado, pero la realidad es que algunas sentencias demuestran que los entes judiciales no son muy conscientes de esta necesidad.
Considero terrible la tesis que defienden Ciudadanos y el Partido Popular de que sean los propios jueces sólo los que escojan los jueces. Yo defiendo todo lo contrario, que intervengan otros agentes, por ejemplo, del ámbito social. La Constitución dice que el Consejo General del Poder Judicial lo tienen que formar doce jueces y ocho juristas, pero yo echo de menos la presencia de especialistas volcados en tareas sociales.
Los abogados tenemos la ventaja de ser los que tratamos con los ciudadanos, de saber qué piensan, mientras que el recinto judicial a menudo está demasiado cerrado en sí mismo, un hecho que posiblemente provoca su desconocimiento de este contexto social.
