Esta mañana, las administraciones locales, el sector químico y representantes electos de Tarragona han presentado una proposición de ley para regular las redes cerradas de distribución eléctrica en España. Estas redes permitirían reducir los costes energéticos –entre un 15% y un 20%– de la factura eléctrica de las industrias químicas y petroquímicas en los polígonos. El objetivo es sumar apoyos para que el Congreso de los Diputados tramite el texto. "Hoy lo que hemos hecho en Tarragona es importante porque demuestra la unidad del territorio", ha explicado el presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Josep Francesc Font.
Las redes cerradas son sistemas de distribución eléctrica para zonas geográficas con una fuerte interrelación entre sus miembros, permitiendo disminuir el elevado coste eléctrico de las industrias colindantes. La normativa actual no prevé este tipo de redes, lo que repercute directamente en la competitividad de las empresas. La proposición de ley propone que la legislación española incluya la definición de redes cerradas, determinar que los ingresos y gastos que generan queden excluidos del sistema eléctrico, establecer que su supervisión corresponda a la Comunidad Autónoma, y emplazar a la elaboración de un reglamento que detalle su funcionamiento en aspectos como la figura del gestor o la propiedad de los activos.
Actualmente, países que compiten directamente con el sector químico y petroquímico tarraconense (como Alemania, Gran Bretaña u Holanda) disponen de legislaciones que incorporan esta figura, que está avalada por la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo.
A la reunión han asistido el consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, el presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Josep Francesc Font, y ha contado con la participación de alcaldes y alcaldesas de la zona, diputados y senadores por Tarragona (excepto del Partido Popular), y representantes de las empresas y los agentes económicos de la demarcación.
