El exconseller de Cultura y Economía Santi Vila ha pedido a la Audiencia Nacional española que archive la causa por rebelión, sedición y malversación abierta contra él y el resto del Gobierno. En su recurso, Vila dice que intentó evitar la DUI "por todos los medios posibles" hasta el día antes, cuando dimitió. También recuerda que, como no era diputado, sólo participó en la aprobación del decreto por parte del Gobierno de la convocatoria del 1-O, y que no instigó ninguna movilización popular ni hizo ningún gasto público para estructuras de estado o el referéndum.
Según Vila, el "simple dictado de leyes o resoluciones no puede equipararse de ninguna manera con la realización de un alzamiento público y violento" como requiere el delito de rebelión, así como tampoco las "movilizaciones de protesta pacífica" que "sólo pretendían expresar opiniones políticas". De hecho, recuerda las declaraciones del exdiputado Diego López Garrido, ponente de este delito en el Código Penal de 1995, donde decía que no existían los elementos requeridos para imputar a los investigados este delito. El escrito también asegura que los 'escraches' ante hoteles de la policía española o la Guardia Civil no pueden calificarse de violentos, ya que nadie fue agredido. Y si fuera así, tampoco se podría responsabilizar a Vila o al resto del Gobierno porque no impulsaron estas concentraciones. Por ello, contradice la versión de la fiscalía y la magistrada instructora que asegura que todas las movilizaciones formaban parte de un plan orquestado para conseguir la independencia de Cataluña. También recuerda que Vila, como consejero de Cultura primero y de Empresa desde julio, estaba muy alejado de las áreas vinculadas a la organización del referéndum o las llamadas estructuras de estado. De hecho, en la querella de la fiscalía sólo aparece el nombre de Vila para explicar que dimitió. El abogado recuerda que no era diputado y que su intervención "se limitó a una única actuación relevante: la aprobación de la convocatoria del referéndum en el Consejo Ejecutivo del 6 de septiembre". Pero aun así, recuerda que la convocatoria de un referéndum ilegal no es delito desde 2005, y aún menos participar en él. De hecho, dice que todas las actuaciones de Vila después del 1-O, "como es de conocimiento general", intentaron "justo lo contrario" de la declaración de independencia. "Es público y notorio que, por todos los medios posibles a su alcance, intentó mediar entre los dos gobiernos e intentó convencer al presidente de la Generalitat para que no se votara el 27 de octubre en el Parlamento", asegura el escrito de defensa. Por ello, y como dimitió el día antes de la votación, pide el archivo por este delito. Respecto a la sedición, utiliza los mismos argumentos que en el de rebelión. Sobre el último delito, el de malversación de fondos públicos, dice Vila que no tenía ninguna competencia sobre la promoción exterior, según la querella, ni sobre el patrimonio supuestamente malversado, que continúa bajo control del gobierno español. Por otra parte, sobre la fianza de 6,2 millones reclamada por la fiscalía e impuesta por la magistrada a todo el Gobierno, el abogado dice que no está justificada en la interlocutoria de la magistrada Lamela. De hecho, en la querella de la fiscalía, la cifra sale de una partida presupuestaria anulada por el Tribunal Constitucional, que se da por hecho que se acabó gastando. El letrado de Vila dice que el presupuesto no asegura que se haya gastado, y menos por parte de Vila que no tenía el control. En otro recurso de la defensa, se pide anular la orden de prisión bajo fianza de 50.000 euros, que Vila pagó al día siguiente, y las medidas cautelares impuestas después de ser excarcelado, como la prohibición de salir del estado, entrega de pasaporte y comparecencia quincenal en el juzgado. Sobre el posible riesgo de fuga, el abogado recuerda que un billete de avión cuesta muy poco dinero, y que eso haría que cualquier persona pudiera salir del país fácilmente, y también recrimina a la magistrada que no aporte ninguna prueba del hecho de que Vila tenga suficientes recursos para sobrevivir en el extranjero. Respecto al riesgo de destrucción de pruebas, el letrado recuerda que Vila ya no es conseller, porque dimitió y porque el gobierno español ha intervenido la Generalitat. Vila también protesta por el hecho de que la magistrada no hizo caso a la fiscalía sobre la posibilidad de dejar en libertad al exconseller mientras conseguía los 50.000 euros. El abogado recuerda que la magistrada instructora no podía empeorar las condiciones pedidas por el fiscal, cosa que sí hizo. Recuerda también que la querella y la citación judicial le fueron notificadas un día festivo, con menos de 24 horas de antelación, y que la fianza le reclamaron cuando los bancos ya estaban cerrados. También reclama que se justifique la cifra de 50.000 euros
