El gobierno aprobó este jueves en solitario la propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2023, que se revisan al alza con un aumento generalizado del 3%. El Impuesto sobre bienes inmuebles se incrementará un 5% y en el caso de usos industriales, un 1%. Todos los grupos de la oposición votaron en contra.
El concejal de Hacienda, Carles Del Amor, apeló a la responsabilidad que ha asumido el ejecutivo local para regular los impuestos y tasas ante la situación de inflación, siendo muy sensibles a las economías domésticas y al enorme crecimiento que ha experimentado el coste de la vida en los últimos tiempos. Desde el gobierno se ha descartado este año tomar como referencia el IPC catalán del mes de agosto para revisar las ordenanzas, por la espectacular subida que ha experimentado este indicador. “No nos gusta subir los impuestos, lo más fácil hubiera sido congelarlos, pero hacemos un ejercicio de honestidad para que el Ayuntamiento pueda tener capacidad para dar servicios y seguir haciendo cosas”, aseguró.
El concejal esgrimió el aumento del coste de la factura energética, el incremento de los sueldos de los trabajadores públicos y la reducción de los ingresos en concepto de plusvalías como los principales factores que han obligado a reajustar las ordenanzas, a pesar de la compleja situación económica. En un segundo turno de réplica, Del Amor recordó que el municipio tiene una presión impositiva baja en comparación con la mayoría de los municipios de la comarca. Reconoció la dificultad al revisar la tasa de residuos en un contexto de huelga en el servicio, aunque alertó de que en los próximos años habrá que seguir incrementando la tasa para adecuarla al coste real de la prestación.
A su vez, Xavi Rodríguez, portavoz de Junts per Sant Sadurní, el otro socio de gobierno, defendió que la propuesta era equilibrada, coherente y “la mejor que podíamos hacer”. Incidió en que el valor catastral que se aplica sobre el IBI es todavía bajo y que se debe ir actualizando, y que el aumento del 3% permitirá afrontar las necesidades del próximo año y mantener la calidad de los servicios municipales. El concejal se disculpó por el retraso en la presentación de la documentación al resto de partidos
Ordenanzas 2023
Aparte de esta revisión generalizada, se incorporan algunos cambios a tener en cuenta, como la supresión de la bonificación al IBI por la instalación de placas fotovoltaicas. En cuanto a la tasa de gestión de residuos, el recibo general de los domicilios pasará de los 143,92 € a los 148,25 y se reduce al 50% el coste que deberán abonar las masías y casas aisladas. En cuanto a la tasa sobre licencias urbanísticas, aumentará un 1,5%.
No de los partidos de la oposición
El portavoz del PP, Carles Jiménez, avanzó que esta sería su última participación en un debate de ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento, y lamentó que se pidan más esfuerzos a la ciudadanía. Recordó que el IBI subirá un 10% en dos años y se mostró contrario a incrementar la presión sobre el tejido empresarial. En relación con la tasa de basuras o la sostenibilidad energética, también reclamó que se apueste por la vía de la bonificación para mejorar la sensibilización y nuevos modelos, e insistió en que la administración local se centre en las personas, la vía pública y la promoción económica.
Desde Sant Sadurní En Comú, también se justificó el posicionamiento por el esfuerzo que deberán asumir los vecinos. Arantza Molina consideró que el aumento de los impuestos era elevado y que esta situación puede penalizar que muchas familias descarten hacer uso de algunos servicios municipales para sus hijos, como ir a la piscina o a la escuela de música.
La CUP volvió a desmarcarse una vez más del argumento del gobierno sobre las razones para aumentar las ordenanzas. Arantxa Fernández aseguró que el aumento del IBI industrial es poco significativo, teniendo en cuenta las grandes ganancias y beneficios que algunas de las grandes empresas de la ciudad declararon en el último ejercicio. En su intervención echó de menos una mayor apuesta por la concienciación y la sensibilización, en relación a los residuos o el modelo energético, recordando la moción aprobada para impulsar un proyecto de comunidad energética.
Tampoco les satisfizo el valor fijado que grava la instalación de cajeros automáticos y subrayaron la falta de voluntad del gobierno, también durante este mandato, para trabajar sobre una tarificación social de las ordenanzas, que tenga en cuenta las rentas de las familias.
En el último turno de los grupos de la oposición, Pedro Campos, portavoz del PSC, fue el más crítico en el retraso en la presentación de la documentación y se quejó de la imposibilidad para mantener un debate y hacer propuestas en estas condiciones. Los socialistas justificaron su posición considerando inoportuno el aumento de los impuestos ante el contexto actual que atraviesan las familias y empresas.
Desde el gobierno también se avanzó que en los próximos meses se introducirían algunas revisiones más en otras ordenanzas fiscales que no se han incorporado en esta propuesta que si sigue su tramitación ordinaria, podrán aplicarse a partir del 1 de enero de 2023.
