El Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda ha sacado a concurso, a través de licitación pública, la explotación del servicio de bar-restaurante en un edificio de la playa Llarga de Tarragona. El espacio de dos plantas y dos terrazas, que suman cerca de 700 metros cuadrados y es propiedad de la Generalitat, lo ocupaba hasta el pasado 14 de diciembre el restaurante El Tòful de Mar. La nueva concesión, por un período de diez años, parte de un canon mínimo de 34.247,81 euros anuales sin impuestos y mejorable al alza en las ofertas. En el proceso se tendrán en cuenta aspectos como la contratación de personas en paro, con discapacidad, de la misma localidad o medidas para garantizar la paridad de género y la conciliación familiar, entre otros. Por el contrario, la Generalitat argumenta que no ha podido subrogar la actual plantilla del restaurante porque no están ya en activo, según marca la normativa. En mayo de 2015 la Generalitat autorizó un permiso de ocupación temporal por un máximo de tres años a los propietarios del Tòful de Mar y a los del Iot, establecimiento que se encuentra en la misma planta del edificio. En el momento de agotarse, se les prorrogó el permiso hasta noviembre de 2018. Mientras que las instalaciones del Tòful de Mar pasaron a manos de la administración el pasado 14 de diciembre, los responsables del Iot aún no han dejado el inmueble y continúan desarrollando su actividad a pesar de no disponer de título jurídico. Es por ello que el Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda ha incoado un expediente patrimonial de desahucio administrativo para recuperar la posesión y poder sacar también su explotación a concurso público.
Los dos restaurantes están incluidos en el ámbito de la Ciudad de Reposo y Vacaciones de Tarragona, propiedad de la Generalitat, que también se concesionará a través de un concurso público, una vez la Generalitat y el Ayuntamiento hayan elaborado el Plan Especial Urbanístico para definir los usos y condiciones de la edificación. Hasta que esto no se produzca, el consistorio tarraconense dio el pasado 11 de enero a la Generalitat la licencia provisional de uso urbanístico de la finca donde se encuentran los restaurantes.
