Sáenz de Santamaría defiende en el Senado el 155 para "abrir una nueva etapa"

26 de octubre de 2017 a las 16:29h
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido este jueves en el Senado las medidas de su ejecutivo para la aplicación del 155 por la necesidad de "abrir una nueva etapa" para situar el independentismo en el "punto de retorno", "volver a la senda de legalidad" y hacer respetar la "convivencia y la concordia" en Cataluña. En su discurso ante la Comisión conjunta del Senado, ha afirmado que en Cataluña hay que "recuperar la senda de la legalidad y de la convivencia, preservar la recuperación económica y la tranquilidad de las familias", además de "celebrar elecciones en situación de normalidad política y neutralidad institucional". Según Sáenz de Santamaría, el 155 no se plantea "como el principio de un nuevo centralismo", sino como el fin "de una reiterada desobediencia a la ley" y para "proteger el autogobierno de Cataluña ante el desgobierno de los independentistas". "Estamos dando un paso a favor del Estado de derecho" y "a favor de la diversidad y pluralidad", porque "no estamos hablando de ideas e ideologías", sino "de principios básicos para la convivencia, el respeto y la libertad", ha dicho.
Sáenz de Santamaría ha comparecido en la comisión conjunta del Senado para la aprobación del 155, donde han estado presentes varios ministros del ejecutivo español, como el titular de Justicia, Rafael Catalá, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el de Fomento, Íñigo de la Serna, la de Ocupación, Fátima Báñez. Según la vicepresidenta, la autorización que el gobierno español pide al Senado es para "trabajar por la convivencia, la concordia y la democracia" y para que todos los catalanes "se puedan volver a sentir unidos entre ellos". "Trabajaremos con su autorización para que todos nos sintamos partícipes de nuestra democracia que nadie puede debilitar", ha dicho. A lo largo de su discurso, ha defendido la bondad de unas medidas que buscan "garantizar el autogobierno de Cataluña dentro del marco estatutario y garantizar el interés general de España". "Cumplimos una obligación legal, democrática y política", porque "la primera obligación de un gobierno democrático es la de respetar y hacer respetar las leyes". La vicepresidenta también ha justificado la aplicación del 155 por una "obligación política" de su ejecutivo, porque "el viaje a ninguna parte del independentismo debe llegar al punto de retorno del respeto a los derechos de todos los catalanes". Según ha dicho, Artur Mas y Carles Puigdemont han hecho crecer bajo sus gobiernos "la intolerancia institucional". Acusa al Gobierno de no querer dialogar Otro de los ejes del discurso de Sáenz de Santamaría ha sido la acusación al Gobierno y a los partidos independentistas de negarse al diálogo con el Estado y a asistir a las Cortes, donde "reside la soberanía nacional". "El diálogo se conjuga hablando, y no le han faltado oportunidades, pero ha faltado a todas las citas", ha dicho, y han demostrado "que no están dispuestos a dialogar". También ha acusado al Gobierno de Puigdemont de haber instrumentalizado la propia Generalitat a favor del secesionismo y de haberla situado "fuera de la ley" al no cumplir las normas y "negar la democracia". En Cataluña, ha dicho, "los gobernantes han perdido el respeto a los ciudadanos", y "han llevado los problemas de las instituciones a las calles de Cataluña y al interior de las casas de la gente". En este marco, ha hecho un repaso de las supuestas consecuencias económicas del proceso independentista. "En contra de sus promesas y ofertas, no han traído la tierra prometida y no han encontrado ningún reconocimiento internacional ni encaje en el derecho internacional", ha dicho, y sólo les ha comprado el relato de la independencia "los que lo quieren utilizar contra la UE". El 155, un mecanismo "legítimo y democrático" Según la vicepresidenta, el 155 es un "mecanismo extraordinario", pero "tan legítimo y democrático como el que regula el autogobierno de Cataluña". Se trata, ha dicho, de un instrumento "para asegurar que el autogobierno no ampara la ilegalidad y la imposición", que es "común" como en "Alemania, Italia, Austria y Portugal".
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