Rull y Turull piden su libertad y alegan que han acatado el 155

Los consejeros encarcelados Josep Rull y Jordi Turull han pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que los ponga en libertad aduciendo que ambos, al igual que el resto del Gobierno destituido, han acatado las medidas aplicadas a través del artículo 155 de la Constitución. Rull y Turull recuerdan que todos los miembros del Gobierno, incluidos ellos dos, "aunque discrepando políticamente de su contenido y legitimidad, han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación". Los recursos aseguran además que el riesgo de reiteración delictiva es hoy "completamente nulo", como lo demuestra el hecho de que "después de la aplicación de este artículo no se ha adoptado ya ningún acuerdo ni dictado ninguna disposición de clase alguna ni por el Gobierno, ni tampoco ninguna orden por parte de ninguno de los consejeros cesados", como consta en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Aparte, los dos recursos recuerdan que la prisión provisional es considerada como una medida "excepcional" y destacan que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para juzgar este caso. Además, alegan que se ha vulnerado de forma "gravísima" su derecho a la defensa porque la jueza no dejó tiempo suficiente para preparar las declaraciones y porque las acusaciones se basan en parte en documentos que ni siquiera son objeto de investigación en este proceso. Las defensas aseguran también que se ha vulnerado el artículo 6.3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y sostienen que no se cumple ninguno de los requisitos necesarios para dictar prisión incondicional. No hay riesgo de fuga, aducen, porque ambos tienen arraigo personal y familiar en el Estado y tienen familias a cargo, como tampoco riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, porque los departamentos que gobernaban están ahora bajo la dirección del Estado y porque todos los expedientes administrativos están a disposición de la justicia. También reiteran que no se puede atribuir a los miembros del gobierno haber cometido un delito de rebelión ni de sedición, porque ambos requieren que exista un alzamiento "violento", tal como quiso estipular el poder legislador cuando reformó el Código Penal. "En ningún lugar del extenso relato fáctico de la interlocutoria... se describe ningún hecho que pueda ser constitutivo de alzamiento violento o público que exige el tipo penal analizado", apuntan. Según la defensa, tampoco hay elementos que permitan sustentado una acusación de malversación aduciendo a la firma del acuerdo marco para la adquisición de urnas, porque este acuerdo no se llegó a culminar y porque, en todo caso, esta cuestión está bajo investigación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Finalmente, las defensas también se quejan de que la jueza Lamela no individualizara los comportamientos de cada consejero en su interlocutoria y que se les acuse globalmente de querer impulsar el proceso soberanista, cuando esto, precisamente "no constituye ningún delito".