Las personas jóvenes son una minoría en las sedes parlamentarias de toda Europa. La falta de representación juvenil se suma a las dificultades para asociarse y el aumento del abstencionismo en este sector de la sociedad. En el Consejo General de Andorra, solo uno de sus miembros tiene menos de 30 años, Roger Padreny. En esta entrevista para La Ciutat d'Andorra, hablamos con el consejero del grupo socialdemócrata sobre el Acuerdo de Juventud aprobado esta legislatura, la presencia de los jóvenes en la política y algunos de los grandes retos del país como la vivienda.
Diputados jóvenes de Europa como Lucía Muñoz en España comentan que tienen la sensación de ser unos "intrusos" en las sedes parlamentarias, normalmente copadas por gente mucho mayor. ¿Has tenido esta sensación en el Consejo General?
Siempre digo que en un futuro sería interesante que hubiera más perfiles jóvenes en todos los grupos parlamentarios para poder intercambiar estas necesidades compartidas. Llegas y a veces tienes aquella voluntad de querer expresarte de cualquier tema con las visiones que tiene alguien de tu generación. Uno de los objetivos es que las nuevas generaciones tengan referentes en el parlamento y les sirva para tener ganas de querer participar. El Acuerdo de Juventud ha sido la apertura del parlamento a otros actores, que han trabajado la propuesta desde la juventud y para la juventud. Fue un debate interesante en una fase inicial donde solo hablaban jóvenes y unas conclusiones que después las llevaron a los grupos parlamentarios.
Fue un acuerdo que además era de consenso, pero parece que cuesta la ejecución de los diferentes puntos.
Para nosotros era fundamental que las propuestas fueran con consenso en las dos fases, la de las juventudes y la de los grupos parlamentarios. Es básico a la hora de establecer las 72 medidas que son prioritarias y esta voluntad política firme debe estar desde el momento en que se aprueba el acuerdo hasta los años venideros. Las nuevas generaciones jóvenes harán bien en reclamar que se vayan ejecutando todos estos acuerdos.
Por otro lado, creo que es importantísimo que tengamos una cultura de la evaluación. Lo importante no es solo hacer una ley, sino la ejecución y su posterior evaluación. Al cabo de un año pedimos a la comisión que pudiera comparecer el Gobierno para explicar cómo se iba desarrollando el Acuerdo de Juventud. La cultura de la evaluación no es una cultura de criticar, sino de hablar. Las medidas no han llegado y lo que pedimos como grupo parlamentario es que comenzaran a priorizar puntos determinados. Los dos que pedimos son un estudio de la emancipación y un estudio sobre la relación de la juventud hacia la política.
Antes de ser consejero, fuiste presidente del Foro Nacional de la Juventud de Andorra. ¿Qué papel debería tener en el debate político?
Se ha aprobado una nueva ley del Foro para hacerla más dinámica y tener más recursos para poder aplicar nuevas políticas. El Foro de la Juventud debe tener esta capacidad de poder hacer llegar lo que cada generación reclama como prioridades y crear estos espacios de cultura democrática para que haya participación en todos los aspectos.
Además de las dificultades para que los jóvenes participen en organizaciones, su presencia en las elecciones es cada vez menor. ¿Cómo se puede frenar este abstencionismo de los jóvenes?
Está todo bastante conectado. La idea de hacer acciones desde las instituciones tiene una función de contenido y de cambiar la realidad, pero también tiene una función que va más allá. Se demuestra que las instituciones están abiertas a responder sus necesidades. Tanto el parlamento como las demás instituciones deben abrirse cada vez más a la participación democrática y cada vez más a este colectivo joven. Uno de los puntos del Acuerdo era este estudio en torno a la participación. Es fundamental poder evaluar cuáles son las variables que nos llevan a la situación actual para después poder hacer políticas con fundamento.
Uno de los problemas que afecta a todo el país y en concreto a los jóvenes es la vivienda. ¿Qué medidas aplicaríais para resolver un tema tan complejo?
Siempre hemos hablado del concepto del precio asequible y la relación importantísima que debe haber entre salarios y precio de la vivienda. Hemos hecho muchas propuestas de diferentes tipos. No se trata solo de una política de vivienda, sino que son diferentes que están conectadas para mejorar el acceso a la vivienda. Propusimos que se establecieran unos mecanismos en torno al salario medio. Por ejemplo, la vivienda de precio asequible debería ser lo que cuesta un 33% del salario medio.
Cada vez es más importante que se defienda este derecho fundamental desde una lógica jurídica. La concepción de la vivienda ha sido como un bien de consumo y siempre lo hemos querido diferenciar. Una cosa es el mercado inmobiliario, pero el estado debe ser fuerte y debe poder colaborar con los demás actores implicados para hacer efectivo el derecho a la vivienda.
¿Qué mecanismos concretos deberían utilizarse? ¿Incentivos fiscales o topes al precio?
Hemos propuesto crear un registro potente sobre la situación de la vivienda en Andorra. Tener información sobre viviendas públicas, los precios por zona o las conexiones con el transporte público. Estos datos te permiten hacer otros tipos de políticas. Una de incentivo fiscal o una de establecer indicadores sobre el precio asequible. Si no tenemos estos datos, después no se pueden hacer otras políticas fundamentales a la hora de relacionar el coste de la vivienda con los salarios.
El estado debería tener un papel fundamental a la hora de promover las condiciones básicas y también fomentar las colaboraciones público-privadas. Muchas veces se ha transmitido la idea de que se promueven las condiciones legales para hacer vivienda de alquiler, pero no se han establecido los mecanismos para concretar que sea de precio asequible. Se ha optado por el dogma de la oferta y la demanda, que no acaba de funcionar. Si no se establecen los mecanismos político-legales para hacer efectivo el precio de la vivienda asequible, difícilmente cambiará la realidad.
Os abstuvisteis en el paquete antiinflación. ¿Qué le faltaba para que votarais a favor?
Hay una cuestión parlamentaria. Si nosotros hubiéramos podido hacer voto separado artículo por artículo, que lo hemos hecho en otras leyes, habría sido diferente. No votaremos en contra de las medidas, pero sí que queremos evaluar cómo se hace toda la política del transporte público. Es básico que el acceso sea efectivo y se hagan políticas para que funcione mejor. Además, hicimos toda una serie de propuestas relacionadas con la vivienda, que ya hacíamos previamente al contexto de inflación. Era una ley que no respondía a todas las necesidades que consideramos prioritarias. Sin embargo, utilizamos un criterio de responsabilidad con la abstención.
¿Hasta qué punto el PS tiene capacidad de incidir en la mayoría parlamentaria del Consejo?
Por la aritmética parlamentaria, la voluntad de sacar adelante las propuestas que hacemos depende de estos tres grupos de la mayoría. Hemos trabajado desde la lógica de mejorar las leyes, más allá de si estamos a favor o no del contenido que se está legislando. Hay un trabajo detrás muy importante a la hora de hacer las enmiendas. En mi caso, recientemente he podido trabajar en la ley de economía circular. Es básica para establecer un nuevo paradigma en torno a la reducción de residuos. Si la analizas, se aprobaron alrededor de una cincuentena de las setenta enmiendas presentadas. La proporción es buena y hubo esta voluntad de acuerdo.
Uno de los temas pendientes es la redacción del Plan Nacional de Juventud. ¿Qué líneas prioritarias debería tener?
Debe ser un Plan de Juventud actualizado a la realidad actual. En la última comparecencia de la ministra, se dijo que tendríamos más noticias sobre el plan en otoño. Consideramos fundamental que se trabaje desde los jóvenes y huya del paternalismo. También es importante que se cree un buen funcionamiento de cambio de información entre los actores implicados para que este plan se pueda hacer de forma efectiva. Los dos pilares deberían ser la emancipación y la participación.
Esta legislatura has sido muy activo en las propuestas de juventud en la OSCE-PA. ¿Cómo ha sido este intercambio de experiencias con el resto de países?
Los dos objetivos que me marqué como consejero joven era sacar adelante una lista de prioridades aprobada por unanimidad con relación a los jóvenes, que es el Acuerdo de Juventud, y que a escala supranacional se escuchara la voz de los jóvenes. Como Andorra, hemos podido hacer incidencia en crear una red de jóvenes parlamentarios dentro de la OSCE. El pasado 1 de junio en Andorra organizamos el primer encuentro de jóvenes parlamentarios, donde vinieron jóvenes de todo tipo de ideologías y de diferentes países. Tratamos diferentes cuestiones e hicimos una declaración con nuestras prioridades. Antes, sin embargo, hicimos reuniones donde cada uno explicaba su realidad, de Armenia, de Austria, de España, etc. Todos hacen referencia al papel fundamental que tienen las instituciones y los partidos políticos a la hora de establecer estos mecanismos para hacer llegar la voz de los jóvenes. Es interesante ver los debates democráticos que tienen por todas partes porque te da capacidad de mejora.