Este mes de enero el Ayuntamiento de Aspa, en el Segrià, ya no concede permisos puntuales -de un día o de fin de semana- para cazar el tordo en el coto municipal. El consistorio lo ha decidido como señal de luto por la muerte de los dos agentes rurales tiroteados por un cazador pronto hará un año, el 21 de enero de 2017, y a la vez para exigir al Gobierno medidas más restrictivas para controlar a los aficionados que practican este tipo de cacería, que no son los habituales de toda la temporada sino que visitan el coto de forma esporádica durante el invierno. Precisamente, el autor confeso del crimen, vecino de Vacarisses (Vallès Occidental), se había desplazado a Aspa para cazar este pájaro, muy apreciado gastronómicamente, aunque no llegó a recoger el permiso del coto. La alcaldesa, Maria José Invernón, considera que hacen falta más exigencias para intentar evitar que se pueda repetir un episodio tan trágico como el de la muerte de los agentes rurales Xavier Ribes y David Iglesias, de 43 y 39 años. Por eso, de momento, se ha optado por restringir esta práctica y no dar permiso a ninguna persona que no sea socia del coto. La cacería del tordo en Aspa empieza este fin de semana y se alarga hasta el 18 de febrero. Además, el coto de Aspa obliga a los cazadores a llevar una placa numérica en la chaqueta que permite a los agentes rurales identificarlos a 4 o 5 metros de distancia.
La alcaldesa asegura que las medidas exigidas hasta ahora para conceder los permisos para cazar el tordo no son suficientes y, por tanto, hay que evitar riesgos. Según Invernón, durante la temporada el 90% de los cazadores "son los habituales, los conocemos y les tenemos confianza" pero la situación cambia cuando empiezan a añadirse los que tienen permisos para el tordo, "que son más esporádicos y no están tan controlados". Por eso pide al Departamento de Agricultura que defina un protocolo más restrictivo y exigente a la hora de autorizar este tipo de caza, tanto en lo que se refiere a revisión de permisos, licencias o incluso psicotécnicos más exhaustivos. Pero esta no es la única medida que ha tomado el consistorio para mejorar la seguridad en el coto municipal. Invernón ha explicado que desde esta temporada los aficionados autorizados deben llevar en un lugar visible de la chaqueta una placa con la numeración que les identifica y que se corresponde con el listado de nombres y apellidos que ya tienen previamente los agentes rurales. De este modo, cuando los agentes hacen controles en las fincas sólo con el número de la placa que pueden ver de lejos ya pueden saber quiénes son los cazadores y si lo tienen todo en regla sin necesidad de acercarse. La alcaldesa de Aspa ya anunció la intención de dejar de conceder permisos puntuales para cazar el tordo el pasado 18 de junio, coincidiendo con un acto íntimo de homenaje a los agentes rurales asesinados que reunió a familiares y compañeros. Miembros de la Asociación Profesional de Agentes Rurales de Cataluña (ASPARC) aplaudieron la medida ya que compartían la necesidad de aumentar los controles de este tipo de caza. El presidente de la Asociación, Josep Capdevila, afirma que restringir la caza del tordo es "un gesto simbólico del Ayuntamiento positivo para tener una consideración hacia los compañeros asesinados" y añade que "en ciertos tipos de cacería sí que haría falta una mayor regulación para tener más control de la gente que accede a determinadas áreas de caza". Piden 51 años de prisión para el autor confeso de los crímenes Las familias de los agentes rurales piden hasta 51 años y medio de prisión para Ismael Rodríguez, el autor confeso de los crímenes. Lo hicieron en una vista previa que tuvo lugar el pasado mes de octubre en los juzgados de Lleida. Fiscalía no precisó la pena de prisión pero sí que le atribuyó dos delitos de asesinato además de atentado a la autoridad y un delito de tenencia ilícita de armas, ya que no tenía licencia para la escopeta que utilizó para disparar, que no era suya. La acusación particular también pide un año de prisión para el propietario de la escopeta homicida, como cooperador necesario del doble crimen. El abogado de las familias, Pau Simarro, está convencido de que Rodríguez disparó contra los dos agentes con ensañamiento ya que no hizo un único disparo. Por otra parte, la semana pasada se supo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la querella contra once cargos del Departamento de Agricultura, entre los cuales el de la consejera destituida por el 155, Meritxell Serret, por el doble crimen de Aspa (Segrià). Las familias de los dos agentes y el sindicato CCOO habían iniciado una batalla judicial para acusar a los máximos responsables del Departamento de un doble homicidio imprudente por la supuesta falta de medidas de seguridad de los trabajadores. Ahora optarán por la vía contencioso-administrativa de hacer una reclamación patrimonial por responsabilidad civil. Para el abogado de las familias, el Tribunal decidió archivar la querella aunque, a su entender, quedó demostrada la falta de seguridad al día siguiente mismo del crimen partiendo de la base de que Agricultura reforzó las patrullas de dos a tres miembros, les facilitó chalecos antibalas y un arma larga.
