Repsol tendrá que detener a finales de año la actividad de la plataforma petrolífera Casablanca si el gobierno español no prorroga la concesión. La concesión de la instalación situada frente a la costa del delta del Ebro y Tarragona se otorgó en 1978 por un período de 30 años, más dos prórrogas de diez años cada una. La primera de ellas vence el 27 de diciembre y, sin el pronunciamiento favorable del ejecutivo, la empresa se verá obligada ese día a detener la producción de 2.000 barriles diarios. La cuestión se podría tratar el próximo viernes en la reunión del Consejo de Ministros que se hará en Barcelona. Según fuentes de la compañía, la extracción de crudo de los pozos y su procesamiento en la plataforma se está reduciendo desde el lunes pasado ante la posibilidad de que sea necesario detenerla por completo la noche del 27 al 28 de diciembre. La prórroga podría llegar más tarde, pero eso no evitaría el costoso y complejo proceso de parada y puesta en marcha de la plataforma.
Ante la incertidumbre generada por esta cuestión, las cámaras de comercio de Tarragona, Valls y Tortosa se han pronunciado a favor de mantener la infraestructura industrial situada en alta mar. Las organizaciones empresariales recuerdan que el cierre haría perder 120 puestos de trabajo directos, además de los indirectos y el efecto inducido por diferentes negocios de la zona.
Según las cámaras, se dejarían de ejecutar unas inversiones cercanas a los 150 MEUR en diez años y quedarían sin efecto contratos de servicios valorados en 16 MEUR al año. Las organizaciones piden al Consejo de Ministros celeridad y que conceda la prórroga de la concesión. La compañía Repsol, dicen, "ha cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos para seguir extrayendo unos 2.000 barriles de petróleo al día", los cuales tienen un valor anual de unos 40 MEUR.
