El presidente Carles Puigdemont y los consejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos destituidos por el gobierno español, comparecerán este viernes a las 14 horas ante el juez belga que debe decidir sobre su extradición a España. La decisión del magistrado, sin embargo, puede tardar varios días y no será, necesariamente, este mismo viernes, según han informado fuentes de la fiscalía. La justicia belga solicitó a la española información sobre el sistema penitenciario español, en qué prisiones podrían acabar Puigdemont y los consejeros, así como más detalles del proceso independentista y los crímenes que se les imputan. Horas antes de la vista, el presidente español, Mariano Rajoy, y el primer ministro belga, Charles Michel, se han reunido en Suecia, en los márgenes de la cumbre de líderes europeos que se celebra en este país. Fuentes diplomáticas, sin embargo, han dicho que no han hablado de Cataluña.
En su respuesta a Bélgica, el ministerio del Interior español especificó que "las circunstancias" de la detención del presidente y los consejeros "respetarían escrupulosamente" los convenios europeos e internacionales suscritos por España. Además se recordaba que Puigdemont y su Gobierno han gestionado las prisiones en Cataluña hasta que han sido destituidos. Por ello, según Interior, "no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España para personas que han gestionado las prisiones en Cataluña, con los mismos estándares legales y elementos materiales". En el documento también se describían las características de la prisión de Estremera, Madrid VII, que responden, según se dice, "al penitenciarismo más avanzado". En respuesta a una de las preguntas de la justicia belga, el Estado también explicó que las celdas tienen once metros cuadrados y que están pensadas para albergar a dos presos. También se especificaba que se podría "garantizar" la estancia en una celda individual, salvo prescripción facultativa. Las celdas incluyen una ducha y un lavabo, con separación física que garantiza la intimidad del interno. También disponen de conexión para televisión, explica Interior a Bélgica. La defensa de Puigdemont y los consejeros tiene dos ámbitos principales para luchar contra la extradición, según explicó a la ACN la presidenta del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, Anne Weyembergh. En primer lugar, las autoridades belgas pueden dictaminar que hay "riesgos serios de vulneración de derechos humanos" en caso de entrega. Anne Weyembergh también expuso que las autoridades belgas deberán comprobar si el doble requerimiento de criminalidad se cumple en la petición de extradición de Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí. "Y uno tiene un problema, aquí, porque aunque el código penal belga recoge los delitos de sedición o rebelión, las definiciones no son las mismas que en España", señalaba. De hecho, mientras que en España el presidente y los consejeros cesados enfrentan 30 años de prisión, los delitos de rebelión y sedición, en Bélgica, prevén penas de entre 6 y 12 meses de prisión. El procedimiento En cualquier caso, la decisión que tome el juez que hoy escuchará a Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig no será la definitiva. Tanto la defensa como la fiscalía tienen la opción de presentar hasta dos recursos, y el proceso puede alargarse dos meses, hasta tres si se demuestra que hay "circunstancias excepcionales". La primera apelación se haría al Tribunal de Apelaciones, que dispondrá de 15 días más para tomar una nueva decisión. Aún entonces se podrán presentar recursos ante el Tribunal de Casación.