La Audiencia de Lleida juzgará del 9 al 11 de octubre a siete personas (seis hombres y una mujer) acusadas de formar parte de una red de prostitución y tráfico de drogas en el Alt Urgell. El principal punto de venta de drogas y donde tenían controladas a las mujeres que obligaban a prostituirse era una vivienda situada en el polígono industrial de Montferrer, aunque también operaban desde otros puntos de la Seu d'Urgell, sus alrededores y Andorra. La fiscalía pide diez años de prisión para cada uno de ellos. Concretamente pide para cada uno dos años de prisión por un delito de pertenencia a grupo criminal, cinco años de prisión más y una multa de 400 euros por un delito de tráfico de drogas y tres años de prisión y una multa de 9.720 euros por un delito de prostitución. La operación policial se inició durante una actuación de los Mossos d'Esquadra con unas ciudadanas brasileñas y se efectuó entradas en los domicilios el 2 de septiembre de 2015.
Según el escrito del ministerio público, durante una actuación con unas ciudadanas brasileñas, los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de que en una vivienda del polígono industrial de Montferrer, conocido como Club Venus, se ejercía de manera clandestina la prostitución y se traficaba con sustancias estupefacientes, que se vendían a los clientes para que las consumieran allí mismo o fuera. Los agentes hicieron tareas de vigilancia para confirmar estas informaciones. Según las investigaciones, los servicios de prostitución, además de en el conocido como club Venus, también se llevaban a cabo en viviendas particulares de la Seu d'Urgell, sus alrededores y Andorra. Este servicio lo ofrecían mujeres, la mayoría de origen brasileño, que dormían en literas en el Club, hasta seis por habitación. Además, estaban vigiladas y debían informar a los acusados si querían salir de la vivienda. En este piso había cámaras en las habitaciones donde se practicaba la prostitución y las mujeres tenían instalados micrófonos en las habitaciones donde dormían. Los acusados se quedaban entre el 40% y el 50% del importe de los servicios sexuales.