La Audiencia Nacional ha solicitado a la fiscalía que informe sobre si este tribunal tiene la competencia para asumir la investigación por un posible delito de desobediencia a cuatro jefes de los Mossos d'Esquadra de Lleida, responsables durante el referéndum del 1-O. Lo ha hecho después de que el juez de instrucción 4 de Lleida pidiera a la Audiencia Nacional que fuera su juzgado central de instrucción 3, presidido por la magistrada Carmen Lamela, quien centralizara esta investigación y la uniera a la causa sobre la actuación de la policía catalana el 1-O. Lamela ya tomó declaración al exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y también al director general de los Mossos el 1-O, Pere Solé, y al exsecretario de Interior, César Puig, que declararon el viernes pasado en la Audiencia Nacional en calidad de investigados.
La Guardia Civil entregó al juzgado 4 de Lleida un informe muy extenso, de unos 500 folios (con documentación aparte) en el que se apunta directamente a cuatro responsables de la policía catalana en Lleida, como el responsable de la región policial de Ponent o el responsable de Sala el 1-O, como presuntos autores de posibles delitos de desobediencia, sedición y falsedad documental por acciones llevadas a cabo antes, durante y después del 1-O. Según recoge el informe presentado por la Guardia Civil al juzgado, existen indicios que apuntan a que existió una organización articulada en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra de arriba abajo para evitar que la Guardia Civil y la policía española actuaran contra el referéndum del 1-O. También habría documentos y testimonios que demostrarían que los Mossos hicieron seguimientos y vigilancia a miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, una documentación extraída de los teléfonos, correos electrónicos y documentación decomisada en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Lleida cuando la Guardia Civil entró el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2017. Además, también existirían grabaciones de vídeo como pruebas. Resolución del magistrado del juzgado de instrucción 4 de Lleida El magistrado del juzgado de instrucción 4 de Lleida, en su resolución remitida a la Audiencia Nacional, considera que de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, se derivan suficientes indicios que apuntan a la existencia de un "plan organizado" desde la dirección del cuerpo de los Mossos d'Esquadra para "favorecer" la celebración del referéndum "ilegal" del 1 de octubre de 2017 y para "dificultar" que otros cuerpos de seguridad del Estado pudieran cumplir con las órdenes establecidas en el auto del TSJC del 27 de septiembre de 2017. Añade que los Mossos d'Esquadra tenían la orden de cerrar y precintar los colegios electorales la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre para garantizar que no se pudiera votar el 1-O, pero que no lo hicieron y que, una vez llegados a este punto, los Mossos deberían haber intervenido en los centros para evitar las votaciones, decomisando el material relacionado con el referéndum y levantar acta pero que, "la realidad de la actuación de los Mossos d'Esquadra de la Región Policial de Ponent fue muy diferente". La actuación de los Mossos d'Esquadra se caracterizó, continúa la resolución judicial, por una "deliberada actitud pasiva, planificando un servicio que aparentara el cumplimiento de las órdenes judiciales pero claramente insuficiente para su cumplimiento efectivo" y por una "actitud proactiva, que favoreció la realización de la consulta". En definitiva, "pretendieron simular el cumplimiento de la orden del TSJC mientras hacían lo contrario". En el auto, también se destaca que el comportamiento de los Mossos d'Esquadra de Lleida "no fue una actuación espontánea ni aislada ni tampoco adoptada por iniciativa propia de algunos miembros del cuerpo ni por los jefes de la región policial". El magistrado asegura que este comportamiento "sigue un patrón común con el resto de regiones policiales del resto de Cataluña". "Fue una actuación generalizada, organizada y presuntamente ordenada o planificada desde la jefatura del cuerpo y ejecutada por los mandos de las regiones policiales". Por todo ello, el magistrado del juzgado 4 de Lleida considera "absolutamente imprescindible" que la investigación a los jefes de los Mossos de Lleida se incluya y se haga conjuntamente con la ya iniciada por el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional sobre los presuntos hechos "ilícitos" sucedidos el 1-O porque "no se trata simplemente de hechos conexos sino de los mismos hechos". El juez, por tanto, ha acordado inhibir las diligencias en favor de la Audiencia Nacional porque lo considera beneficioso de cara a "facilitar la instrucción y visión global de los hechos" y "para no dividir la causa y evitar pronunciamientos contradictorios" en caso de que los hechos lleguen a juicio.
