La Fiscalía de Lleida pide seis años de prisión y 9.720 euros de multa para los padres de Nadia Nerea por un delito continuado de estafa por el que se habrían apoderado de 1,1 millones de euros en donaciones a una asociación creada para ayudarla supuestamente en su enfermedad rara. Además, el ministerio público les reclama que devuelvan 25.000 euros a tres de los donantes, que se disuelva la asociación y que se decomisen el dinero en metálico, relojes, vehículos y otros objetos intervenidos a los acusados para hacer frente a las indemnizaciones. El fiscal señala que los padres de la menor, que sí que padecía tricotiodistrofia aunque su vida no estaba en riesgo, crearon la asociación con el "ánimo de obtener un lucro patrimonial ilícito".
El fiscal asegura que la Asociación por la Tricotiodistrofia y Enfermedades Raras de Baleares, creada en 2009 cuando la niña tenía cinco años, no fue más que "una excusa para recaudar fondos con la intención de destinar el dinero a su propio consumo y ocio". Del 2010 al 2016 el matrimonio concedió numerosas entrevistas en medios de comunicación, "haciendo participar a su hija menor en actos benéficos con público en directo". También, según el fiscal, utilizaron como "ardides (sabiendo su falsedad), diversos argumentos, como la necesidad de sufragar tratamientos médicos para su hija o intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos ante el riesgo inminente de muerte". En otras ocasiones, se argumentaba que las donaciones se utilizarían, además, para investigar la enfermedad de su hija y otras enfermedades raras, o para viajar por Europa, América y Asia. Además, el padre aseguró falsamente que tenía cáncer de páncreas, pero decía que posponía el tratamiento mientras su hija no fuera intervenida quirúrgicamente para salvarla de la muerte. Viviendas, hoteles, seguros y vehículos No obstante, las donaciones fueron utilizadas por Fernando Blanco y Margarita Garau para pagar el alquiler de la vivienda y de varios locales, seguros, por la compra de vehículos, pagos de hoteles y para "compras y consumos diversos", según el ministerio público. Según el fiscal, hacían "frecuentes e importantes" reintegros de las cuentas de la asociación. Del estudio de las cuentas utilizadas por los acusados se han identificado un total de 5.574 donantes que les transfirieron dinero que iba desde un euro a más de 1.000. No obstante no se han podido identificar los miles de donantes que entregaron dinero en metálico y en huchas o subastas de objetos donados por personajes famosos, ni tampoco cuánto dinero en concreto ingresaron por estas vías. En el caso de tres donantes, llegaron a dar 6.000 y 13.000 euros. De todo el dinero recaudado acreditado, 1,1 millones, sólo 2.700 se destinaron a gastos médicos de su hija. Cuando los acusados fueron detenidos y sus cuentas intervenidas, tenían 313.000 euros, por lo que el dinero desviado supera los 792.000 euros. El ministerio público recuerda que desde 2007 ninguno de los dos progenitores trabaja, ya que la tienda de vinos de Organyà (Alt Urgell) no tenía suficientes ingresos ni para pagar el alquiler del propio local, que era sufragado con los donativos a la asociación sin ánimo de lucro. La actividad delictiva, según la fiscalía, se inició en Baleares, donde vivían hasta 2013, y después se trasladó a Organyà y La Seu d'Urgell. En el Alt Urgell, por ejemplo, obtuvieron hasta 590.000 euros con donativos procedentes de venta de participaciones de lotería, subastas o huchas en escuelas. Cuando fueron arrestados hace un año se les intervinieron 2.180 euros en metálico, relojes de lujo valorados en 60.000 euros, teléfonos móviles, ordenadores y numerosos objetos electrónicos apilados y empolvados que evidenciaban "un consumo de artículos de lujo innecesarios y en clara contradicción con la situación de necesidad económica que decían padecer". El fiscal recuerda que la niña sí que padece la enfermedad de origen genético, y sufre alteraciones cutáneas y oftalmológicas y trastorno en el lenguaje, pero no supone ningún riesgo inminente para su vida, ni tiene ningún tratamiento médico que no sea para corregir o tratar síntomas. La menor recibía 4.651 euros anuales por el tratamiento de la afectación pagados por los servicios sociales baleares y cobró cerca de 500 euros del departamento de educación. La Audiencia de Lleida decidió el pasado 28 de noviembre mantener en prisión provisional al padre, mientras que la madre se encuentra en libertad condicional pero sin la custodia de la hija, que vive con una tía materna en Mallorca. Por otra parte, los absolvió a ambos del delito de exhibicionismo y pornografía infantil.