La fiscalía y la acusación particular piden prisión permanente revisable para la mujer que mató a su hija de 4 años en mayo de 2021 en Sant Joan Despí (Baix Llobregat). La acusan de un delito de asesinato con alevosía con el agravante de parentesco sobre víctima menor de 16 años, según los escritos a los que ha tenido acceso la ACN. La niña murió a manos de su madre, que utilizó a la menor como herramienta para hacerle daño al padre. La acusada, Cristina R., confesó ante el juez del caso que hacía meses que planificaba cómo acabar con la vida de la menor, a quien asfixió después de haberla drogado con pastillas. El caso de Yaiza generó debate público porque inicialmente no se registró legalmente como violencia familiar.
La acusada, que entonces tenía 35 años, había sido pareja del padre hasta 2019 y, desde entonces, la niña vivía en semanas alternas con su madre en el domicilio de su abuela materna, en Sant Joan Despí, de acuerdo con el régimen de custodia compartida. La noche del 30 de mayo madre e hija se fueron a dormir juntas a la habitación que compartían después de dar las buenas noches a la abuela sobre las 21.30 horas. La madre le suministró sustancias sedantes o tranquilizantes. Ya de madrugada, según las acusaciones, la procesada "atacó" a la niña asfixiándola con la intención de matarla. La menor no tuvo ninguna posibilidad de defensa, porque estaba sedada, en una habitación cerrada y en manos de su madre, aseguran los escritos.
Según ella misma explicó, después de matar a la niña, llamó a la escuela para decir que Yaiza no podría ir porque estaba enferma y también a su centro de trabajo, en la Clínica Plató, con el mismo argumento. Incluso dijo que sacó al perro a pasear. En declaración al juzgado de guardia por videoconferencia desde el hospital, donde estuvo ingresada después de supuestamente intentar suicidarse con pastillas, también indicó que después de los hechos llamó a un parking que utilizaba para decir que no lo quería renovar.
La mujer trabajaba en la Clínica Plató, de donde pudo sacar las pastillas sin ningún registro. Los Mossos d'Esquadra la detuvieron el mismo 31 de mayo por la tarde. Sobre las seis y media, los agentes recibieron un aviso según el cual en el piso había dos personas muertas, la niña y su madre. Cuando llegaron al lugar, los policías constataron que la hija estaba muerta, pero efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pudieron reanimar a la madre.
La mujer fue trasladada al hospital en estado muy grave. La hipótesis inicial era que la mujer había causado la muerte de Yaiza con pastillas y después había intentado suicidarse con el mismo método, pero ante el juez declaró que la había ahogado con una bolsa de plástico.
La procesada dejó varios sobres y manuscritos donde daba dinero a su madre, pedía perdón a su madre y a su abuela, y otro donde decía que el padre era "el culpable de todo esto".
Además de la pena de prisión, las acusaciones piden 250.000 de indemnización para el padre y 150.000 en total para los abuelos paternos, así como el pago de los tratamientos psiquiátricos. La abuela materna ha renunciado explícitamente a la posible indemnización. Las acusaciones solicitan que si la mujer llega a ser excarcelada lo haga en libertad vigilada: cinco años en el caso del ministerio fiscal, diez en el caso de la familia paterna. Las dos acusaciones solicitan también una orden de protección para que la procesada tenga prohibido acercarse o comunicarse con la familia paterna durante diez años después de salir de la prisión.
A pesar de la confesión de la madre, su defensa niega el relato de las acusaciones, dice que no son delito y pide su absolución. Alternativamente le pide una pena inferior por el eximente de trastorno mental transitorio y miedo insuperable y los atenuantes de confesión y arrebato u obcecación.
La mujer ingresó en prisión preventiva el 3 de junio de 2021. Por eso, como el juicio con jurado popular aún no tiene fecha, dentro de unas semanas se celebrará una vista para decidir la posible prórroga de la prisión preventiva.
Para el juicio, la fiscalía pide la declaración de la madre de la acusada y que estaba en el piso en el momento de los hechos, la tía de la acusada que encontró el cadáver y el padre de la niña. También piden la testifical de dos enfermeras del hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, donde fue ingresar la acusada después de los hechos y a los cuales la mujer dio detalles de los hechos, así como una trabajadora de la escuela de la niña y dos compañeras de trabajo de la acusada, que hablaron con ella el día de los hechos. También se piden periciales psicológicas sobre la acusada. También piden que se puedan ver, visionar y escuchar llamadas, mensajes de voz y de texto relacionadas con los hechos.
La defensa, en su escrito del 20 de marzo pasado, pide que se anulen todas las actuaciones, recordando que aún no se han resuelto varios recursos que presentó pidiendo la práctica de más diligencias en instrucción.