El gobierno español está aprovechando la atención política, social y mediática centrada casi en exclusiva sobre el conflicto catalán para avanzar discretamente, pero de forma decidida, hacia la materialización del trasvase del Ebro al levante peninsular a partir de las infraestructuras de regadío existentes. Así lo denuncia la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), excluida de estas conversaciones por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ante lo que considera una maniobra del ejecutivo del PP para cerrar un pacto nacional del agua que permita interconectar todas las cuencas hidrográficas sin abordar la reducción de las nuevas grandes extensiones de regadío previstas en los planes hidrológicos de cuenca. A la espera de que el Tribunal Supremo haga pública, de forma inminente, la resolución del contencioso administrativo presentado en contra del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, el movimiento antitrasvase prepara ya nuevas movilizaciones para exigir la preservación del tramo final del río y el Delta.
"El gobierno español está haciendo millas y hace una pantomima de negociación de pacto nacional del agua con la que están programando el trasvase del Ebro a partir de las infraestructuras agrarias, de los canales", ha subrayado el portavoz de la PDE, Manolo Tomàs, refiriéndose a las negociaciones abiertas por el Ministerio de Agricultura con diferentes comunidades de regantes y entidades sobre el Pacto Nacional del Agua. Unas conversaciones a las que se ha cerrado la puerta al movimiento social antitrasvase, a pesar de haber solicitado explícitamente y con antelación poder participar. "Aprovechan que en Cataluña vivimos de espaldas a este debate porque estamos en un monotema muy diferente. Pero esto está muy avanzado", ha advertido. El objetivo del Ministerio con estas conversaciones, según abunda el mismo Tomàs, sería conseguir un acuerdo en torno a la interconexión de las redes hidrográficas de todo el Estado sin "tocar ni disminuir la gran cantidades de regadíos aprobados en los planes hidrológicos de cuenca". A los tres millones de hectáreas actuales –una tercera parte en la cuenca del Ebro- se sumarían 600.000 nuevas. De éstas, 450.000 corresponden también al Ebro. "Mientras hacen la pantomima del pacto nacional del agua, lo que hacen es concretar la liquidación de los ríos, aumentar de forma desproporcionada e irracional el número ha regadíos, incrementando el consumo agua", sentencia. Unos planteamientos que chocan, precisamente, con la realidad del actual contexto de sequía y las previsiones de agravamiento de los efectos del cambio climático que ya hace tiempo que lanzan los científicos. "El debate en el Estado español es la sequía, la interconexión de cuencas y el trasvase de ríos excedentarios. Casualmente, el único río excedentario jurídicamente en la península es el Ebro. Y, mientras tanto, no se hacen políticas para salvar el delta del Ebro y está muriendo", ha insistido. Un esquema que sigue el modelo de promover "obra pública, especulación y generar expectativas de crecimiento a partir de la portada de agua al sudeste". Sin respuesta de García Tejerina Pero, a pesar de los intentos de intervenir e incidir en este proceso, la PDE ha encontrado como únicas respuestas la negativa o el silencio del gobierno español. De hecho, a principios de año llegaron a pedir dos veces por escrito una entrevista con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Le reclamaban, en estas peticiones, que clarificara la naturaleza del pacto nacional del agua, que aclarara si pensaba aplicar las recomendaciones comunitarias sobre el delta del Ebro y, en caso de no hacerlo, qué pensaba hacer al respecto de la problemática del Delta. "No nos han respondido estas preguntas ni siquiera nos han permitido entrevistarnos con la ministra para trasladárselo directamente. Estamos preocupados porque nos ignoran en el territorio y en Cataluña", ha lamentado el mismo portavoz. Ante el ritmo de los acontecimientos, el movimiento antitrasvase, centrado ahora en la lucha jurídica, se prepara para un nuevo ciclo de movilizaciones en la calle. "Nos preocupa que nos hará falta movilizar pronto. Va muy rápido. Es necesario que la gente de territorio esté fresca y valiente. Se complicará todo bastante", anticipa Tomàs. En este escenario, y muy posiblemente en plena campaña electoral del 21-D –aunque tampoco se descarta que pueda llegar en enero-, podría acabar haciéndose pública la sentencia del Tribunal Supremo resolviendo el contencioso administrativo en contra del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro presentado por el movimiento antitrasvase y la entidad ecologista Depana, con el apoyo de diecisiete ayuntamientos ebrenses. El trámite de conclusiones se cerró ya hace más de tres semanas y la PDE se prepara, en caso de que finalmente no se acepte, a reforzar la queja abierta ante la Comisión Europea y trasladar el caso al Tribunal de Luxemburgo. "Si –la respuesta- es negativa, se agota la vía jurídica en el Estado español y se incorporará a la vía europea. Cuando presentamos la queja, en Europa nos dijeron que era muy importante agotar la vía jurídica española y la sentencia del Supremo no se puede recurrir", ha sentenciado. Décimo aniversario del monumento al nudo La entidad, por otra parte, estudia la posibilidad de hacer un acto conmemorativo del décimo aniversario del monumento al nudo –el símbolo de la lucha antitrasvase-, situado en una rotonda de la carretera C-12, al límite de los términos entre Tortosa y Roquetes, que homenajea a la gente de las Tierras del Ebro que salió a las calles para luchar en contra del trasvase del río.