Pau Ricomà: "Los ciudadanos tienen derecho a toda la información de los juegos y a ser consultados"

Cualquier persona que haya seguido con un poco de atención la evolución de los preparativos de los Juegos del Mediterráneo, no se puede sentir del todo sorprendida por el aplazamiento. Ninguna de las fechas previstas en el plan director se estaba cumpliendo, el estado no había hecho las inversiones que se preveían y los patrocinios para cubrir el presupuesto operativo estaban muy alejadas de lo que se necesita. La constatación de que íbamos directos al precipicio, por culpa de unos gestores que han cometido el error de confiar por enésima vez en un gobierno español que por enésima vez ha dejado a Tarragona en la cuneta, no quita la sensación de abatimiento colectivo. No nos hemos salido con la nuestra. El pacto municipal entre PSC-PP-Unión para no levantar alfombras, se ha vuelto inútil a los pocos meses de su concreción. Además del mal sabor de boca y de las reacciones que ha provocado entre las bases socialistas, se ha demostrado su inutilidad práctica. No ha servido para asegurar los Juegos, que era su objetivo. Lo que se plantea ahora -el presidente del CIJM dice que a petición de Tarragona y el alcalde de Tarragona dice que a propuesta del CIJM- es aplazar la celebración de los Juegos hasta 2018. Y lo que nos sabe más mal es que el alcalde Ballesteros no nos diga que antes de proponer/aceptar esta opción ha hecho una evaluación de los costes. No nos ha aclarado cuánto más subirá la factura de los Juegos. Podemos partir de algunas referencias, como el presupuesto de un año de organización como la actual, en que los gastos suben más de 5 millones, a los que suponemos que se tendrá que añadir algunas facturas, como la indemnización a Port Aventura, que a través de El Corte Inglés había ganado un contrato de más de 5 millones. Esperamos que las empresas patrocinadoras no entiendan que su imagen ha quedado perjudicada y no pidan daños y perjuicios, pero no creo que quieran volver a rotular su publicidad gratis. Por otra parte, tenemos el coste de reutilizar los objetos promocionales con la imagen del "entrañable" Tarracus. Parece increíble que el alcalde haya aceptado un cambio de fechas sin valorar el coste añadido que supondrá para la ciudad. Aún más increíble, incluso ofensivo, es que a la pregunta de quién pagará los sobrecostes que él se ha negado a evaluar, el alcalde diga que lo pagará alguien u otro pero que seguro que Tarragona no. Dadas las circunstancias, esta suficiencia, más que tranquilidad, da la sensación de que no sabe por dónde navega. Estamos ante, pues, de un cambio de condiciones contractuales que no es neutro. Tiene efectos reputacionales y económicos, además sitúa Tarragona ante nuevos riesgos. Es por eso que entendemos que los tarraconenses tienen derecho a que les pidamos su opinión, a saber al detalle de los costes y riesgos de cada opción, a saber quién pagará si la bola de nieve del dinero que se necesita sigue creciendo. Con datos en la mano, deben poder expresar su opinión en una consulta. No nos vale decir que ya votamos en 2015, está claro que en aquellas elecciones el alcalde Ballesteros no planteó en ningún momento un hipotético aplazamiento de los Juegos. Pau Ricomà Portavoz del grupo municipal ERC-MES-MDC en el Ayuntamiento de Tarragona