La de Lleida, Pirineo y Aran es la demarcación catalana más extensa de Cataluña y la menos poblada. Con una superficie de 12.169 kilómetros cuadrados, sus 231 municipios reúnen a 438.517 personas, con una densidad de población de 36,1 personas por kilómetro cuadrado. Este dato en Tarragona es de 130,4 habitantes, 133,2 en Girona y 739,6 en Barcelona. A pesar de sumar la superficie de las demarcaciones de Tarragona y Girona juntas, la de Lleida tiene solo una cuarta parte de su densidad de población.
Estas cifras nos indican un desequilibrio poblacional importante, que también se reproduce en el interior mismo de la demarcación. Tremp, el municipio más extenso de Cataluña, tiene una densidad de 19,5 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la capital, Lleida, con una densidad de 660 habitantes gracias a sus 140.080 vecinos, concentra el 31% del total de la ciudadanía de la demarcación. Y es que la capital es el único municipio que supera los 50.000 habitantes: 123 municipios no llegan a los 500 vecinos, 70 están por debajo de los 2.000, otros 22 son de menos de 5.000 habitantes, otros 11 se mueven en la franja hasta los 10.000, y solo 4 la superan.
Las mujeres y los hombres de Lleida, Pirineo y Aran, por pocos que seamos, nos vemos obligados cada día a recorrer distancias largas en los desplazamientos habituales y necesarios por el territorio y, penalizados por ser menos personas, los recursos públicos para mantener esta amplia red viaria más extensa son paradójicamente menores que en el resto del país. Los municipios, al ser pequeños, no disponemos de presupuestos suficientes para tener arregladas las decenas de miles de vías locales, y la Diputación de Lleida es también la que tiene el presupuesto más reducido de las cuatro catalanas. Aun así, hemos incrementado notablemente las inversiones y las ayudas en las vías de comunicación municipales, pero es difícil cubrir tantos años en blanco.
El déficit inversor en las últimas décadas en las comunicaciones terrestres, tanto por parte del Estado como de la Generalitat, incluida la deficiente red ferroviaria, es uno de los factores que inciden directamente en la inquietante curva de pérdida de población que sufren nuestras comarcas, y también motivo expresado por el 39,4% de las 428 empresas que en los últimos años han cambiado la sede de Lleida por Barcelona, según el reciente estudio de la Cámara de Comercio, UdL, UPF y el Patronato de Promoción Económica de la Diputación.
Desde la Diputación de Lleida estamos fuertemente comprometidos con las políticas que promuevan el arraigo de las personas en nuestros municipios, y son decisiones y acciones transversales las que hay que tomar. Transversales desde la óptica de los ámbitos, que van de las infraestructuras a la cultura pasando por la transformación del modelo económico. Pero también deben ser transversales desde el punto de vista institucional, porque tenemos la necesidad de que se impliquen tanto el Estado como la Generalitat y Europa apoyando de manera efectiva al mundo municipal leridano.
Es en este contexto, y con el objetivo fundamental de impulsar políticas de arraigo de las personas en nuestro excepcional territorio, que hemos presentado el proyecto de abrir cinco nuevos accesos a la ahora gratuita AP-2, que discurre a lo largo de 59 kilómetros de las comarcas del Segrià y las Garrigues. Planteamos al Estado, titular de la carretera, una operación presupuestaria asumible para conectar esta vía de alta capacidad más directamente con 24 de los 49 municipios de su área de influencia. Lo hacemos pensando doblemente en hacer más sostenible el uso de las vías que desde estos municipios cruzan la autopista, en ahorrar kilómetros de trayecto, y abrir nuevas perspectivas logísticas y escenarios para el desarrollo económico, turístico, agroalimentario e industrial de estas zonas del Segrià y las Garrigues, que necesitan políticas de arraigo. El miércoles, obtuvimos del Estado el compromiso de hacer en un año el acceso a Castelldans, estudiar más a fondo el de Artesa de Lleida y valorar los de Soses, Seròs y Sudanell en función de otras acciones a emprender en la red viaria de Ponent.
En la montaña, la situación es aún más preocupante. Con ratios poblacionales más reducidos que en la llanura, la estructura viaria del Alto Pirineo y el Aran está pensada en vertical, para entrar o salir, pero no para intercomunicarse.
Una movilidad más cómoda, más sostenible y más segura es una necesidad de país. ¿Lo tenemos que hacer desde el mundo municipal solo? Cataluña la estructuramos desde los municipios y hace demasiados años que tenemos la sensación de que alcaldes y alcaldesas del entorno rural estamos solos, que demasiado a menudo Estado y Generalitat han hecho recaer sobre el mundo municipal, en el cual incluyo la Diputación, la principal responsabilidad de dotar a nuestro vecindario de las infraestructuras más básicas de movilidad, uno de los factores que debería facilitar el arraigo de las personas, porque si vaciamos los pueblos, Cataluña se vacía.