Movem quiere becar a los mejores estudiantes universitarios y de ciclos superiores

Esta mañana, en rueda de prensa, el portavoz del grupo municipal de Movem Tortosa, Jordi Jordan, acompañado por los concejales de la formación, ha explicado que en el próximo pleno de junio llevarán a debate una moción para que el Ayuntamiento tortosino implemente ayudas a los estudiantes universitarios, de ciclos superiores, de máster y de música, teniendo en cuenta su expediente académico y también a partir de criterios de tarificación social. De esta forma, la formación progresista ha recordado que "los Ayuntamientos no nos podemos quedar de brazos cruzados sin ayudar a tantos estudiantes que en estos momentos aún sufren los recortes en educación y más aún cuando en Cataluña existen las tasas universitarias más altas de todo el estado". Además, la medida pretende poner en valor aquellos estudiantes que mejores expedientes académicos tienen y, por tanto, éste debería ser uno de los criterios a la hora de conceder las ayudas. "Cuanto mejor expediente más ayudas para poner en valor la cultura de la excelencia, pero siempre corrigiéndolo con criterios sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas de cada estudiante". Movem Tortosa recuerda que esta propuesta se ha implantado en diferentes Ayuntamientos de Cataluña, el más cercano a la ciudad, el de Amposta, por lo que "no entenderíamos que el gobierno de Meritxell Roigé y ERC votaran en contra teniendo en cuenta que ERC es quien gobierna en la capital del Montsià". Tortosa, zona libre de paraísos fiscales La confluencia de progreso también presentará una segunda moción que impulsa la Plataforma por una Fiscalidad Justa y la ONG Oxfam Intermón donde se pedirá que el Ayuntamiento se sume a la red de ciudades de Cataluña que han apostado por declararse zonas libres de paraísos fiscales implementando medidas para discriminar la contratación de empresas privadas por parte del Ayuntamientosi éstas operan de manera fraudulenta en paraísos fiscales. De esta forma no se discriminaría a las pequeñas y medianas empresas que sí cumplen con las leyes y se lucharía desde los Ayuntamientos contra el fraude fiscal, que en el caso de Cataluña, se calcula que son 16.000 millones de euros anuales que se acaban perdiendo por la evasión de impuestos que hacen estas grandes empresas.