Tradicionalmente, en las administraciones públicas y privadas se ha practicado una discriminación negativa con respecto a los puestos de trabajo. Cuando se necesita una persona que haga las tareas de técnico, lo que se suele hacer en un 40% de los casos es buscar a una persona con el perfil adecuado, pero a quien se le hace un contrato de una categoría inferior. Evidentemente, la empresa se ahorrará algo de dinero en esta persona porque cobrará menos cantidad de la que le correspondería si estuviera adecuada a su categoría. Esta es una de las estrategias del mercado para abaratar el apartado de personal. Otro tema ya es la duración del contrato o la versión mágica del contrato de obra y servicio que puede durar como mucho 3 años. Después está el mundo de las empresas de trabajo temporal que también puede dar mucho de sí.
Al igual que ocurre en las empresas privadas, en las administraciones públicas se practica la misma política para rebajar algo de dinero la partida de presupuesto que después podrán utilizar para campañas de intoxicación informativa municipal diciendo que aquí todo es muy bonito y muy chulo. Una práctica que puede funcionar los primeros meses, pero con el paso del tiempo suele generar una lectura totalmente opuesta a su intención inicial y más con las redes sociales.
Durante muchos años se ha practicado esta política en muchas administraciones. La puerta de entrada ha sido para mucha gente la tarea de auxiliares administrativos, pero en realidad el trabajo que hacían en la mayoría de los casos era de administrativos y alguna vez incluso había técnicos mal pagados
El trabajo típico de un auxiliar administrativo no va mucho más allá de hacer fotocopias, introducir datos y coger el teléfono. Hoy en día demasiadas administraciones practican esta política, solo hay que ver el temario y las pruebas que tienen que pasar estos auxiliares de la administración para entrar a su puesto y cobrar en el mejor de los casos 1.000 euros y haciendo desde el primer día un trabajo muy superior a su categoría.
Por otro lado, tenemos los cargos de confianza que también forman parte de nuestro paisaje laboral. Son personas que no tienen que justificar ninguna formación ni experiencia y en la mayoría de los casos tienen acceso a la información relevante que se mueve dentro de un consistorio. Trabajadores que por su nombre indica solo tienen que responder por su confianza con la persona que los ha escogido. Estos aprovechados de la amistad de alguna persona o de favores prestados fácilmente cobran el doble como mínimo que un auxiliar administrativo y no tienen ninguna responsabilidad directa sino que responde su protector político.
Arreglar la administración privada es una cuestión de resultados económicos a final de mes o de año porque evidentemente si la cosa no funciona, al final el invento tiene que cerrar, pero en la administración pública podemos duplicar la deuda sobre el presupuesto anual de la administración en cuestión y no pasa nada grave. El problema de todo esto es que en vez de tener técnicos en el consistorio se tienen que contratar de fuera y esta política les resulta mucho más cara que tener una plantilla potente de técnicos en el consistorio donde se podría pagar perfectamente a los profesionales que realizan tareas de categoría superior, pero cobran el mínimo marcado. Algún día quizás se arreglará, pero con los secretarios e interventores interinos que tenemos por todas partes que tienen el lujo de hacer de tribunal cuando muchos de ellos nunca han pasado por ahí, lo tenemos muy negro.
Miquel Casellas
