Una cincuentena de abogados y procuradores de Tarragona han hecho público un manifiesto donde muestran su compromiso con el referéndum del 1 de octubre y alertan de un "estado de excepción" y de la suspensión 'de facto' de la autonomía de Cataluña. Según el colectivo, las actuaciones del Estado "nos sitúan en la inseguridad jurídica, la indefensión, el abuso de derecho, desviación de poder, el fraude de ley y la arbitrariedad institucionalizada" por lo que explicitan su voluntad de "defender a la ciudadanía y las instituciones democráticas de Cataluña y sus representantes, en base a derecho". Los juristas tarraconenses opinan que la fiscalía se ha "extralimitado" en sus funciones y rechazan que el Estado "pervierta" el derecho penal para evitar el 1-O y que lo utilice "con finalidad intimidatoria y represiva".
Según los juristas tarraconenses, el uso por parte del Estado, a través de la fiscalía, del derecho penal como única respuesta a la convocatoria del referéndum del 1-O, "pervierte este instrumento jurídico, el cual en lugar de emplearse como última ratio y con interpretación restrictiva, se utiliza con finalidad intimidatoria y represiva Los abogados afirman que el marco constitucional interno ampara a los ciudadanos para que puedan proponer cambios sustanciales en la organización política y territorial, y el que ofrece instrumentos para canalizar estas aspiraciones, como ha sido el caso de Quebec y Escocia. El colectivo sostiene que, ante la reiterada negativa del Estado a negociar "de buena fe" un referéndum de autodeterminación, la Ley 19/2017 aprobada por el Parlamento "prevalece jerárquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña". Asimismo, los juristas subrayan que la integridad territorial del estado español y la configuración de la nación española tal como están definidos en la Constitución de 1978, "no son un bien jurídico superior, sino supeditado, al principio democrático, y por tanto a la voluntad libremente y pacífica expresada por el pueblo de Cataluña, en tanto que sujeto político y jurídico". En su manifiesto, los profesionales recuerdan que el recurso de la ley ante el Tribunal Constitucional ha provocado, por su simple admisión a trámite, "la suspensión automática y no motivada de la Ley". Así, remarcan que la ley no es ilegal, sino suspendida, ya que no hay pronunciamiento aún sobre su constitucionalidad y se muestran sorprendidos por el hecho de que la Fiscalía general del Estado emplee reiteradamente la expresión 'referéndum ilegal', que consideran "jurídicamente inexacta". Los abogados defienden que la incoación de los procesos constitucionales y las suspensiones acordadas no pueden comportar ninguna restricción al libre ejercicio por parte de la ciudadanía de los derechos y libertades constitucionales; derechos o libertades como la ideológica, de expresión, de reunión, de manifestación, de asociación o de información. Estos derechos pueden ejercerse con toda plenitud y amparados por el régimen reforzado de garantías establecido en el ordenamiento jurídico vigente y, por tanto, la actividad política de la ciudadanía no ha sido suspendida. El colectivo denuncia la instrumentalización de la fiscalía de la suspensión de la Ley dictada por el TC, puesta de manifiesto por la instrucción a los cuerpos policiales y la incoación de diligencias de instrucción contra los más de 700 alcaldes que han apoyado el referéndum, y considera que "se extralimita claramente", tanto del mandato del TC, como del marco de garantías que ampara el ejercicio de los derechos fundamentales en un estado democrático y de derecho, así como de sus atribuciones procesales, dado que existiendo incoadas diligencias en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, no podía iniciar instrucción sobre los mismos hechos. "La actuación de la fiscalía, y la ocupación de Cataluña mediante contingentes desproporcionados de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la misión de impedir físicamente el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos el día 1-O, configura 'de facto' un auténtico estado de excepción, que ha obviado la legislación española existente al efecto, tanto en lo que se refiere a su motivación, como a su declaración y aprobación parlamentaria en las Cortes españolas", recoge el texto. "Estamos ante la suspensión 'de facto' de la autonomía de Cataluña, mediante la intervención de sus finanzas a través de una simple Orden Ministerial al amparo, en fraude de ley, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y el intento de tomar el mando del cuerpo de Mossos d'Esquadra por parte de la fiscalía, que no tiene legalmente atribuciones a este efecto, en aplicación de una ley de 1986, ignorando el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, ley orgánica posterior y de rango superior, que establece que el mando supremo del cuerpo de Mossos d'Esquadra corresponde a la Generalitat de Cataluña. Estas actuaciones del Estado, sin amparo legal, suponen la aplicación por la puerta de atrás del tan mencionado artículo 155 de la Constitución, eludiendo también en este caso el control parlamentario de las Cortes españolas", denuncian. Según los juristas tarraconenses, el uso por parte del Estado, a través de la fiscalía, del derecho penal como única respuesta a la convocatoria del referéndum del 1-O, "pervierte este instrumento jurídico, el cual en lugar de emplearse como última ratio y con interpretación restrictiva, se utiliza con finalidad intimidatoria y represiva, haciendo imputaciones de presuntos delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, desde miembros del gobierno de la Generalitat hasta particulares, pasando por diputados del Parlamento de Cataluña, obviando la concurrencia de los tipos delictivos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo". Finalmente, denuncian que "el último invento" de la fiscalía ha sido la denuncia por sedición formulada al amparo del Código Penal de 1973, "que no está en vigor", ante la Audiencia Nacional, cuando este delito está en el Código Penal vigente dentro de los delitos contra el orden público y en tiene la competencia él Juzgado de Instrucción de guardia de Barcelona del día de los hechos. La imputación de estos tipos penales obvian que, "en el ordenamiento jurídico penal español, convocar un referéndum y participar en él no es delito", remachan los abogados. El manifiesto, que se presentará públicamente este jueves por la tarde en la sede de Òmnium en Tarragona, cuenta con una primera adhesión de 50 colegiados de todas las ramas del Derecho y queda abierto a futuras adhesiones.
