Con las tareas de inspección se han detectado un total de 6.197 viviendas de uso turístico ilegal, que se concentran mayoritariamente en Ciutat Vella, el Eixample y Sant Martí. El plan de choque ha permitido ordenar el cierre de 2.332 pisos e imponer 3.473 sanciones en un año.
El balance de los primeros doce meses de funcionamiento del plan muestra más agilidad, eficacia y eficiencia en la lucha contra la oferta sumergida. Los propietarios de un total de 744 pisos han acatado la orden de cese y se han dictado 145 precintos.
Los resultados de este incremento de inspecciones y de sanciones de viviendas de uso turístico (HUT) ilegales son fruto, en parte, del trabajo que realiza un equipo de visualizadores. Estas personas se encargan de detectar posibles pisos sin licencia mediante la obtención de datos, entrevistas a turistas y al vecindario y la información que aparece en las plataformas web. El mes de mayo el número de visualizadores se dobló hasta 40 efectivos. Esto les ha permitido realizar 3.300 búsquedas en internet de anuncios de pisos turísticos sin número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña y hacer 1.157 visualizaciones a pie de calle que han permitido identificar 630 HUT ilegales. De este modo se ha agilizado la detección de pisos, y facilitado la tarea del equipo de inspección, que es el encargado de cursar las sanciones y órdenes de cese correspondientes.
La colaboración ciudadana también ha sido clave en el proceso contra los pisos turísticos ilegales. Desde julio de 2016, la web específica sobre viviendas turísticas ha recogido más de 3.000 quejas y reclamaciones, a las que se suman un millar de llamadas recibidas a los teléfonos gratuitos 010 y 900 226 226. Enmarcada en las acciones contra los pisos turísticos ilegales, el mes pasado se puso en marcha la campaña #fairtourismBCN, para corresponsabilizar a los turistas en sus países de origen de los efectos negativos que la oferta no reglada tiene sobre la ciudad.
Un millar de pisos menos en Airbnb En la búsqueda de un turismo sostenible en la ciudad, se ha impulsado la creación de una mesa de trabajo con diferentes plataformas digitales, entre las que destacan Booking, TripAdvisor o Apartur, entre otras. Esta colaboración compromete a las empresas que actúan como intermediarias de la oferta de alquiler vacacional a cumplir la legalidad y evitar que la oferta de pisos sin licencia tenga cabida.
En cuanto a Airbnb, el Ayuntamiento entregó el mes de julio una lista de un millar de pisos ilegales que se anunciaban en el portal web, sobre los cuales se había dictado una orden de cese. La plataforma ha eliminado todos los anuncios de la lista y muestra así su compromiso, en la búsqueda de nuevos mecanismos para asegurar que, de ahora en adelante, la totalidad de la oferta de pisos sea legal.
