El portavoz del Grupo Municipal de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, ha reclamado al gobierno local que presione a la Conselleria de Justicia para detener el proyecto del Centro Penitenciario Abierto que está previsto que se empiece a construir en el barrio del Parc Francolí a finales de este año. "Insto al actual equipo de gobierno a que trasladen a la Conselleria de Justicia la necesidad de paralizar este proyecto y dar prioridad a un Palacio de Justicia que permita agrupar en un solo centro los juzgados y otras dependencias judiciales que actualmente están repartidas en 8 edificios por toda la ciudad", ha reivindicado Nadal.
Desde la calle Arquebisbe Pont i Gol, frente al solar donde se ubicará el Centro Abierto, el portavoz de Junts per Tarragona ha insistido en el hecho de que "desde la Generalitat siempre se había dicho que este centro formaba parte del proyecto del Fòrum Judicial y que ésta sería la prioridad, son dos equipamientos que debían venir conjuntamente, sin que finalmente sea así". Nadal ha recordado al actual equipo de gobierno de la ciudad que "en el último pleno se aprobó una moción por una amplísima mayoría donde se dejaba claro que la prioridad debía ser la ciudad judicial".
Imagen del solar donde se ubicará el centro Por otra parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Parc Francolí, Jordi Miguel Cano, ha transmitido la preocupación que tienen los vecinos y vecinas de la zona en el caso de construirse el centro, ya que estaría cerca de una escuela, una guardería y parques infantiles. "Inseguridad, miedo y malestar es lo único que traerá al barrio una instalación de este tipo", menciona Cano. "Vivimos en una zona que aún está en expansión y el centro penitenciario puede retrasarlo más. El Parc Francolí es la arteria verde de la ciudad de Tarragona e incluso mucha gente que había adquirido una vivienda está pidiendo que le devuelvan el dinero", concluye.
Más allá de las quejas por la ubicación, los vecinos de Parc Francolí también han denunciado no haber tenido acceso a la información del proyecto, "se está vulnerando el derecho a información de los vecinos y vecinas que en diversas ocasiones han preguntado a la Generalitat por los usos del equipamiento y nunca han tenido acceso a su solicitud de información".
