La Audiencia de Lleida ha concretado en una nueva sentencia que los padres de Nadia, una niña que padece una enfermedad rara, deberán devolver 62.284,31 euros de los 402.232,65 que la resolución anterior establecía que estafaron, a 65 afectados. La Sala responde así al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, en mayo de 2019, estimó parcialmente el recurso de la defensa en lo que se refiere a la responsabilidad civil y anulaba la parte que hacía referencia a las indemnizaciones ''por falta de concreción''. El TSJC instaba al alto tribunal leridano a hacer una ''individualización'' de los perjudicados a quienes se debía indemnizar y concretara qué cantidades recibieron como donativos de forma fraudulenta y que no se destinaron a tratamientos médicos de la menor. Según la nueva sentencia emitida por la Audiencia de Lleida, los condenados, por estafa continuada agravada, sólo deben hacer efectivo el pago a aquellos afectados que han podido acreditar que en su día les habían ingresado dinero con esta finalidad. De esta manera, se han ordenado un total de 65, la mayoría de los cuales irán a parar a particulares, aunque también hay para escuelas, entidades, grupos de teatro o comercios, entre otros.
La resolución de la Audiencia llega después de que el TSJC le instara a hacer una "individualización" de los perjudicados a quienes se debía indemnizar y con qué cantidades. Según se detalla en la sentencia, la cantidad más elevada que se debe devolver a uno de los 65 afectados que han podido acreditar su donativo a los padres de Nadia es de 13.000 euros, hay otra de 6.500 euros y dos más de 6.000 euros cada una.
Fernando Blanco y Margarita Garau, condenados por estafa continuada agravada a cinco años y tres y medio de prisión respectivamente, se encuentran actualmente en libertad a la espera de que la sentencia sea firme. En el caso del padre, salió del centro penitenciario de Ponent el mes de junio pasado, una vez había cumplido en prisión provisional la mitad de la pena, tal como establece el Código Penal. La estafa se destapó en diciembre de 2016, cuando se descubrió que los progenitores de Nadia se estaban enriqueciendo con las donaciones que recibían para hacer frente a tratamientos médicos de la pequeña –que padece tricotiodistrofia- que no se llevaron a cabo.
