Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo este miércoles por la mañana un operativo para desalojar el centro ocupado de la Nova Rimaia de Barcelona. Según han informado fuentes policiales, el desalojo, que se realiza en cumplimiento de una orden judicial, ha comenzado entre las seis y las seis y cuarto de la mañana. Poco después de las 9 de la mañana, había terminado. El inmueble se encuentra situado en la Ronda de Sant Pau, con calle de las Flors.
El edificio ha sido ocupado hasta cinco veces, la última en febrero del año pasado en memoria del activista Pablo Molano, fallecido pocos días antes. Meses más tarde, en octubre, el Ayuntamiento de Barcelona solicitó al Juzgado de Instrucción número 31 que se suspendiera el desalojo por la "vulnerabilidad" de algunas de las familias que viven allí y abrió un expediente a los propietarios por mantener el edificio vacío desde 1993 de forma injustificada.
Mònica, miembro de la Asamblea de la Rimaia, ha señalado que el edificio estaba "habitado" por una veintena de personas, que se "organizaban y hacían uso de él", y ha denunciado que, después de las cinco veces que ha sido desalojada, la Nova Rimaia "ha quedado siempre vacía" y que el propietario quiere hacer un uso que "no facilitará la vida de la gente del barrio, como apartamentos turísticos o pisos de lujo".
"El problema no es sólo este espacio, sino que es generalizado; es una guerra que estamos sufriendo las clases populares de la ciudad para poder vivir en nuestros barrios", ha afirmado Esteve, otro miembro de la asamblea, a los medios de comunicación tras el desalojo. "No dejaremos que este edificio esté en la situación de los últimos 25 años y no dejaremos tranquilo a su propietario, porque lleva muchos años especulando con el edificio", ha avisado, para añadir: "Continuaremos batallando por algo que es obvio y es una realidad en el barrio: este edificio ya es nuestro. Es de la gente que le ha estado dando vida durante todos estos años, cuando ha estado ocupado". Esteve ha asegurado que los colectivos han "hablado desde el primer día con los vecinos" y que "cualquier persona del barrio está en contra de la situación del edificio y de que el propietario sea tan avaricioso".
"Quién sabe si este edificio volverá a ser ocupado algún día. Eso ya no lo sabemos, no tenemos por qué ser nosotros", ha apuntado Esteve, que, en todo caso, ha dejado claro: "No sólo batallaremos contra el propietario del edificio, que es un especulador y un mentiroso, sino contra todos los especuladores que nos están echando fuera del barrio. Continuaremos parando desahucios, ocupando casas y haciendo la vida imposible a los que nos la están haciendo imposible a nosotros: especuladores, fondos de inversión, propietarios, inmobiliarias".
Según han explicado personas cercanas a la ocupación de la Rimaia, algunos de los que habrían sido desalojados del tercer piso han sufrido "agresiones" por parte de los Mossos y han acabado con "lesiones" después de que los sacaran de "malas maneras". Uno de ellos habría caído escaleras abajo y algunos han requerido atención médica.
Una ocupación que contó con la suspensión del desalojo en pro de los derechos humanos
La Nova Rimaia fue reocupada en febrero de 2016 por varios colectivos. El edificio había sido ocupado en cinco ocasiones anteriores y los Mossos d'Esquadra lo habían desalojado cada vez. En octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona pidió la suspensión del desalojo por la "vulnerabilidad" de algunas de las familias que vivían allí en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona y solicitó tiempo para asistirlas. El consistorio también abrió un expediente al propietario de la Rimaia por mantener el edificio vacío.
En noviembre, el juzgado tomó declaración a tres ocupantes de la Rimaia en calidad de investigados por un presunto delito de usurpación y les pidió que en un plazo de quince días abandonaran voluntariamente el inmueble.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó en noviembre la suspensión del desalojo del edificio de la Rimaia mientras durara el procedimiento judicial. La insistencia de la jueza barcelonesa para que los residentes del inmueble de la ronda de Sant Pau dejaran el edificio hizo que dos familias con menores presentaran un escrito de amparo ante los tribunales europeos.
El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra el derecho al respeto de la vida privada y familiar -"Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia"- y establece que "sólo puede haber injerencia de una autoridad pública" cuando "esté prevista por la ley y que constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".
Según explica la abogada de los demandantes, Annaïs Franquesa, las dos familias fueron realojadas, aunque con muchas dificultades por la situación habitacional en la ciudad. Cuando el alto tribunal europeo fue informado de esta situación, levantó la suspensión cautelar.