Los locales comerciales afectados por el desalojo de este jueves en el edificio número 33 de la calle Mayor de Lleida pueden abrir sus puertas y reanudar la actividad. El arquitecto de la propiedad ha presentado esta tarde un certificado que concluye que los espacios comerciales se encuentran en condiciones de estabilidad y seguridad suficiente, después de haber efectuado una inspección visual y de haber examinado los elementos que condicionaban la seguridad y la solidez del inmueble. La medida se mantiene siempre que no se produzcan variaciones imprevisibles o de riesgo catastrófico de las que puedan originarse situaciones dudosas. Los técnicos municipales han valorado el informe y han determinado la apertura al público de los establecimientos, por lo que así se ha transmitido a las personas responsables y/o trabajadoras de los establecimientos Oysho (c/ Mayor, 33) y Gris (Blondel, 42)
El primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Toni Postius, ha explicado que la Paeria ya hizo una inspección de este inmueble el pasado mes de junio de 2018 con motivo de la aparición de grietas y fisuras en el edificio. En aquel momento, la propiedad tuvo que adoptar una serie de medidas correctoras y el expediente de disciplina urbanística se cerró correctamente.
El pasado sábado, sin embargo, varios vecinos y vecinas llamaron a la Guardia Urbana por ruidos en el edificio. Los técnicos municipales de guardia hicieron una nueva valoración del edificio y comprobaron la aparición de nuevas grietas en el edificio, pero sin riesgo para la seguridad de las personas. Se incoó un expediente para instar a la propiedad a inspeccionar a fondo el estado del edificio y realizar las reparaciones necesarias.
Después de recibir nuevas llamadas del vecindario por nuevos ruidos, los técnicos municipales volvieron a analizar ayer el edificio y comprobaron que las grietas se habían hecho más grandes. Aunque por ahora no se observan problemas estructurales graves, como consecuencia de estos nuevos acontecimientos y como medida preventiva por motivos de seguridad de las personas, los técnicos municipales habían ordenado el desalojo provisional e inmediato de todos los ocupantes de las viviendas. El certificado presentado por el arquitecto del inmueble esta tarde también ratifica que los pisos no pueden ser habitados.
La propiedad debe velar, pues, para que las viviendas superiores a los locales comerciales estén cerradas y sin ocupación y, al mismo tiempo, es obligación del propietario de la finca garantizar una solución habitacional para todos los inquilinos. El primer teniente de alcalde ha explicado que el Ayuntamiento de Lleida está en contacto directo con los vecinos y vecinas y con la propiedad del edificio, a los que ofrece plena colaboración para que las personas afectadas puedan volver a su casa lo antes posible.
