¿Qué puede pasar si intentamos llenar con dos litros de agua una botella que solo admite un litro de capacidad? Este sencillo símil, salvando todas las distancias, ejemplifica uno de los errores básicos que podría haber condenado al fracaso del proyecto Castor ya en el mismo momento de su planificación. Expertos ponen abiertamente en duda, tal y como aseguraba el informe del MIT y de la Universidad de Harvard encargado por el gobierno español, que la empresa concesionaria del almacén de gas submarino no podía prever que las inyecciones de gas causarían la crisis sísmica de 2013. La clave de todo, aseguran, radica en posibles errores en la concepción geológica del almacén, un extremo que revela de forma tangencial el estudio de las instituciones norteamericanas, y la no valoración de los riesgos sísmicos de la actividad, un fenómeno conocido por la administración, la industria y la propia Escal UGS.
Acompañado de las amplificadas declaraciones ministeriales anunciando el cierre definitivo del proyecto Castor –eso sí, sin desmantelarlo, de momento-, el nuevo estudio científico reitera su atención sobre los efectos sísmicos de la inyección de gas en las fallas de la zona. Una vinculación directa que ya habían establecido los informes del Instituto Geológico y Minero (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y que los norteamericanos han corroborado con pequeñas diferencias. En cambio, la indagación a fondo sobre las causas primarias de los terremotos, las decisiones técnicas en la operación del almacén y su efecto sobre las fallas de la zona, ha quedado nuevamente fuera del foco. De hecho, el mismo secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se apresuró a clarificar este miércoles que el objetivo del estudio no era, precisamente, determinar las responsabilidades de los gestores del almacén de gas submarino, a pesar de sumarse a la tesis de la imposibilidad de prever la escalada sísmica que, en la práctica, exonera a Escal UGS. Pero a medida que se van estudiando los detalles del documento, los expertos tienen cada vez más claro que la generación de terremotos a partir de las inyecciones de gas no solo se habría podido prever y evitar si el proyecto hubiera contado con un estudio del riesgo sísmico y los modelos geológicos que debían permitir funcionar el almacén se hubieran desarrollado a partir de datos y tesis contrastadas. El geólogo y profesor de la Universidad de Barcelona, Josep Giner, uno de los expertos independientes que más conoce el proyecto Castor, lleva denunciando desde el inicio de la ola sísmica en septiembre de 2013 –que causó más de un millar de terremotos llegando a una magnitud máxima de 4,3- los posibles déficits en la planificación y gestión del riesgo que lo habrían acabado haciendo descarrilar. Errores en los cimientos Giner está cada vez más convencido de que los defectos del modelo geológico, "los cimientos" del proyecto que determinan su viabilidad, pueden ser graves en el caso del Castor. Uno de los parámetros clave, recuerda, tiene que ver con la porosidad de la estructura geológica, es decir, el volumen de gas que podría albergar el almacén. Tanto en documentos propios, actos públicos como en la tramitación de las autorizaciones estatales, Escal UGS sostenía que la estructura tenía una porosidad elevada capaz de acoger todo el volumen de gas previsto a partir de la estimación de que existían grandes cavidades subterráneas en el subsuelo. Una visión que la empresa no ha conseguido demostrar aún empíricamente y que el informe del MIT, según Giner de forma "involuntaria" a la hora de construir sus modelos geológicos, acaba desmontando. "Existe una contradicción: mientras Escal UGS habla en sus modelos de porosidades de entre el 18 y el 25% los americanos utilizan del 1 al 5%", apunta. Es decir, el informe concluye que el volumen de almacenamiento del Castor sería un mínimo de cinco veces menos que el previsto por la exconcesionaria. "Al inyectar gas en un recipiente más pequeño las consecuencias son las que son: un almacén no puede aguantar tanto volumen con tanta presión", apunta. Este error de cálculo, pues, podría haber provocado que la presión en el interior del almacén llegara a ser la misma que la que puede soportar la roca, provocando su fractura. Por aquí podía haber escapado el gas, que acabaría empujando el agua y el petróleo existentes en el interior del almacén hacia la falla, provocando su deslizamiento y los terremotos. La otra gran carencia, subraya el mismo Giner, se refiere a la inexistencia de una cuantificación del riesgo sísmico que la operación del almacén podía suponer. La afirmación del MIT y Harvard, asumida con entusiasmo por el gobierno español, según la cual la exconcesionaria no podía prever las consecuencias de su actuación ha causado estupefacción entre los científicos y expertos. "¿Por qué Escal UGS no lo podía prever? ¿Por incompetencia, por negligencia o falta de datos? Otra cosa es la industria. Son proyectos comunes en el mundo", indica. Y es que al margen de ser un fenómeno "ampliamente" conocido por el sector, de hecho también lo era para la empresa controlada por Florentino Pérez, que en sus propios documentos llega a reconocer las posibles consecuencias sísmicas de la operación. En condiciones normales, recuerda, la inyección puede inducir terremotos de magnitud 1 o 2 por la fractura de las rocas, como fenómeno habitual en estos proyectos. Pero muy raramente llegan a mover fallas. "Cuando inyectas gas, si lo haces bien no pasa nada, pero de lo contrario puedes activar la falla. No se han dado cuenta de que el sistema de fallas de Amposta es importante y que, en el caso de que se generen terremotos, pueden ser considerables", argumenta. A pesar de esto, la empresa, amparándose en la visión geológica de un almacén lleno de grandes cuevas y cavidades donde los fluidos circulaban libremente por su interior rechazó, dentro del trámite de la evaluación de impacto ambiental, efectuar el estudio de riesgo sísmico que había reclamado el Observatorio del Ebro y el Instituto Geológico de Cataluña. "Lo único que hacen es instalar dos sismógrafos. Y está claro que se podía y prever y asociar un riesgo", remacha Giner. Imprevisión "inconcebible" "Es inconcebible que una instalación donde se vaya a efectuar una inyección no incluya en su estudio de impacto ambiental un estudio de riesgos de la sismicidad inducida. Pero lo más increíble es que entidades catalanas ya lo advirtieron", recuerda de forma rotunda el catedrático emérito de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis González de Vallejo. Muy crítico con el encargo del informe norteamericano, su metodología y sus conclusiones, considera que la decisión previa de efectuar una inversión "con base a una enorme incertidumbre es inconcebible y absolutamente negligente". "Es una enorme imprudencia, el argumento de que no se podía saber –prever qué pasaría- es absolutamente falso", sentencia. "Un insulto a la ciencia y a la técnica", clama. Recuerda que estudiar el riesgo no solo era una responsabilidad de la empresa efectuar este estudio, sino que la misma administración española que debía velar y validar el proyecto tampoco lo requirió. "Es de enseñanza elemental que estas instalaciones, hay cientos en el mundo, provocan sismicidad inducida de pequeña magnitud", añade. El catedrático emérito avala las tesis de Giner sobre la existencia de errores de partida fundamentales en el proyecto. Recuerda que el almacén es una estructura calcárea porosa –"hay pequeñas cavidades, pero no cuevas"- y que la falta de control en el proceso de inyección –Escal UGS incrementó de un día para otro el volumen de gas inyectado en un 147% el 5 de septiembre de 2013, cuando las buenas prácticas de la industria recomiendan no superar el 50% en cada estadio- habría podido llevar hasta un "punto crítico" el almacén, situando las rocas de la estructura en el punto de inicio de su rotura. "Se debería haber hecho una monitorización, pruebas de carga previas y exploraciones para obtener datos", indica. "Fue un disparate en el control y sin pruebas", subraya. Fruto de todo esto, asegura, el proyecto estaba destinado a no tener éxito. "No conozco ningún almacén en el mundo que se haya cerrado por sismicidad inducida", abunda. En este sentido, considera exagerada la previsión de que se acabaran alcanzando sismos de hasta 6,8 grados, tal y como cifra el MIT y Harvard, sin que se haya cuantificado de forma concreta el riesgo. "No es imposible pero es mucho más probable que sucediera en el Pirineo", valora, recordando que la energía necesaria para mover todo el sistema de fallas de Amposta y su evolución lenta. Considera el documento excesivamente teórico y sin "orientación práctica". "Es muy difícil valorar si no hay datos de partida. El informe de los americanos se basa en datos que no son obtenidos in situ, no se efectuó una instrumentación cuando tuvo lugar la crisis sísmica, era una instrumentación sismológica imprecisa, sin sensores suficiente de qué pasaba y anticiparlo. Se parte de datos originales desconocidos. No se puede hacer una previsión cierta: habría que empezar de cero, monitorizar, empezar a hacer pruebas para valorar y generar modelos para determinar las consecuencias en diferentes casos, valorar el riesgo en función del riesgo y la cantidad económica. No se puede tomar una decisión sobre un temor infundado, de provocar un terremoto de 6,8", critica. Capítulo aparte merece la cuestión del desmantelamiento. La ley de Hidrocarburos en vigor obliga a retirar estas instalaciones una vez finalizada la explotación, que en este caso no llegó ni a empezar. De hecho la misma concesión estatal a Escal UGS del año 2008 obligaba a consignar 143,1 millones de euros para ejecutar esta actuación en el caso de que se anulara o se extinguiera. Una cifra que la empresa al final de los 30 años del período concesional se podría haber elevado hasta los 295 millones de euros por el efecto de la inflación. Hibernadas desde principios de 2016, con un coste inicial de 17 millones de euros, mantener anualmente la instalación sin funcionar cuesta 15,7 millones, que se cargan al recibo del gas junto con los más de 80 millones para devolver el crédito que sirvió para pagar la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS. Una cifra solo ligeramente superior al coste mantenimiento del único almacén de gas submarino operativo en el Estado español, el de Gaviota, en la costa de Vizcaya: 17,7 millones de euros. La viabilidad del desmantelamiento Pero más allá de esta nueva carga económica sobre los consumidores, el símil del almacén de gas submarino como un globo inflado altamente inestable, empleado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para justificar que las instalaciones continuarán intactas –ante el peligro de inyectar o extraer más gas del que alerta el MIT-, ha causado también controversia desde el punto de vista técnico. "No lo acabo de entender. Una de las operaciones estándar de la industria es abandonar pozos llenos de petróleo gas", asegura Giner, con más de 30 años de experiencia en la industria del petróleo. Mediante tapones de cemento especial se bloquean las perforaciones por donde entrar el gas, el material se endurece y esto impide la entrada. A partir de este momento, con el almacén desconectado de la estructura en superficie, ya se puede trabajar en el desmontaje de la plataforma marina, con todas las precauciones ambientales y técnicas necesarias. "¿Dónde está el peligro?", subraya. De hecho, sin embargo, y de acuerdo con los cálculos de la misma Escal UGS, el gas inyectado en período de prueba al almacén hasta la paralización de las actividades a finales de septiembre de 2013 se situaba en el 17% del total que, teóricamente, podía acoger el almacén. Es lo que se conoce, además, como gas colchón, el que se inyecta en una fase previa de la operación para acomodar el gas de trabajo en las condiciones de presión necesarias en el subsuelo. Queda atrapado entre las rocas y resulta irrecuperable una vez se da por finalizada la explotación del almacén. En otras palabras: no se requiere ni se efectúa la extracción. En este contexto, la comparación del globo inflado del que no se puede inyectar ni extraer gas, sin mayor precisión, podría abonar el terreno a dibujar escenarios técnicos casi rocambolescos. "Si nos dicen que el almacén está lleno y nos dicen que no se puede inyectar más gas, entonces algunos de los parámetros utilizados, la porosidad principalmente, está mal. Quiere decir que la capacidad original no es la correcta", abunda Giner. "Sospecho que hay un problema muy grande, que a estas alturas ya han detectado, pero por una razón u otra, no quieren entrar en la cuestión de fondo. Esto no se resuelve encargando informes a los americanos, mirando las fallas o los terremotos. Se debería hacer una auditoría técnica de todo el proyecto. Exigir a Escal UGS proporcionar toda la información que han elaborado para el proyecto desde el momento cero hasta que abandonan el Castor y entonces ver cómo las fases han evolucionado, las decisiones que se tomaron, si son consecuentes con lo que la industria piensa, y ver quién es el responsable de los parámetros introducidos", cierra.
