Los miembros del gobierno de la Generalitat destituido que se encuentran en el Estado –todos menos Carles Puigdemont, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Antoni Comín y Clara Ponsatí- han comenzado a llegar ya a la Audiencia Nacional, donde están citados a declarar a partir de las 9 de la mañana ante la jueza Carmen Lamela, que les investiga por supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos y delitos conexos. El primero en entrar al recinto ha sido el líder de ERC y vicepresidente destituido, Oriol Junqueras, que ha llegado a las 8:10 horas de la mañana. La jueza Lamela aún no ha aclarado el orden de las comparecencias y deberá determinar también cómo actúa respecto al president Puigdemont y el resto de consejeros destituidos que se encuentran en Bruselas, y si emite o no una euroorden para su extradición al Estado.
Lamela, que es la misma jueza que dictó prisión provisional para los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra el Gobierno destituido este martes, sólo 24 horas después de su presentación. Lo hizo en paralelo al Tribunal Supremo, que ha citado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los cinco miembros soberanistas de la Mesa también este jueves a partir de las 09.30h. De hecho, en el auto por el que acepta la causa, la magistrada da por buenos los argumentos de la Fiscalía y asegura que la querella interpuesta por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, se "basa en hechos objetivos" que recogen desde la resolución aprobada en el Parlament en noviembre de 2015 (que marcaba el llamado hoja de ruta) hasta la declaración de independencia del 27 de octubre. Lamela también incluye en la resolución referencias a las manifestaciones promovidas por ANC y Òmnium, que "actuaban como brazo civil del levantamiento impulsado por los independentistas". Lamela afirma que en la querella se exponen "de manera seria, racional y lógica" los hechos que llevan a la fiscalía a hacer la calificación inicial del delito de rebelión. "Tal y como vienen relatados los hechos en la querella no se puede excluir, en este momento, su carácter delictivo ni la intervención en ellos de los querellados", afirma la magistrada. Apunta también que, a pesar de las resoluciones del TC, el Gobierno "continuó impulsando medidas necesarias para la declaración de un estado independiente en forma de república". Lo hicieron, sostiene "valiéndose de la mayoría parlamentaria" y con el apoyo también "de las asociaciones independentistas". Medidas cautelares En el auto por el que admitió la querella de la Fiscalía, la magistrada ya avanzó que impondrá medidas cautelares aduciendo que "existen factores para determinar la adopción de medidas cautelares de carácter real". Hace referencia al riesgo de fuga y recuerda "la necesidad de que haya medidas cautelares en el proceso penal" en dos supuestos: si un proceso penal tiene una duración muy larga o si "la actitud de la persona afectada por el proceso que, si es culpable o así se siente, tiene una tendencia natural que le llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el procedimiento penal cumpla su finalidad". 6,2 millones de fianza Además, tal como pedía la Fiscalía, Lamela dio a todos los miembros del gobierno de Puigdemont tres días para que depositen, de manera solidaria, una fianza de 6.207.450 euros, la misma cantidad que solicitaba la fiscalía. Si no aportan el dinero, se procederá a embargarles los bienes. Según la jueza "son tales la gravedad y la complejidad de los hechos aparentemente delictivos en el presente proceso que ahora se inicia, y como que el juicio oral no se encuentra en absoluto cercano, que esto justifica el aseguramiento de las responsabilidades sobre las cuales recaen las sospechas", recoge el auto. Por eso, justifica la petición de la fianza de 6,2 MEUR. "Debe considerarse razonable y prudente adoptar medidas cautelares que aseguren las responsabilidades pecuniarias que puedan finalmente decretarse en la presente causa", justifica. Puigdemont y algunos consejeros quieren declarar desde Bélgica Al contrario que los miembros de la Mesa, en el Gobierno destituido no todos sus miembros acuden a declarar ante la magistrada. El abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, pidió este miércoles que declare desde Bélgica y avanzó que impugnará cualquier petición de extradición que presente el gobierno español. Puigdemont se encuentra en Bruselas con parte de su Gobierno. Por su parte, los cuatro consejeros que están en Bélgica con el president Puigdemont también han pedido declarar desde este país, según han explicado fuentes cercanas al Gobierno destituido por el gobierno español.